COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Viernes 24 de julio, 2026
tras el fallo de la Corte

Cristina Kirchner sumó a un abogado de Lula para apelar la Causa Vialidad

La expresidenta incorporó a su defensa al jurista brasileño Rafael Valim. Buscarán impugnar ante organismos globales la condena a seis años de prisión y el decomiso de $ 685.000 millones.

Tras quedar firme su condena en las instancias judiciales del país, la expresidenta Cristina Kirchner sumó a su equipo de defensa al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los abogados que asesora al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El objetivo central de la incorporación es diseñar una estrategia legal para recurrir la sentencia de la Causa Vialidad ante organismos y tribunales internacionales.

El nuevo defensor trabajará en la presentación de recursos para cuestionar la pena a seis años de cárcel, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes. “En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional”, adelantó Valim, quien sostuvo estar convencido de que la exmandataria sufrió “graves violaciones de derechos humanos fundamentales”.

Quién es Rafael Valim y la estrategia del “lawfare”

Valim es un reconocido especialista en Derecho Público y Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP), con amplia trayectoria ante fueros internacionales. Además, es coautor del libro Lawfare: una introducción junto a Cristiano Zanin (actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil), obra en la que profundizan sobre el uso de procesos legales con fines de persecución política.

En el plano internacional, Valim compartirá la estrategia de la defensa con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Supremo de España y exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sentencia firme y el decomiso millonario

Esta ofensiva en el exterior se activa luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos planteos presentados contra el decomiso de bienes. De este modo, quedó ratificada la suma de $ 685.000 millones que deberán reintegrar los condenados por el perjuicio ocasionado al Estado en las obras públicas de Santa Cruz.

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