La reforma vinculada a los desalojos y al régimen de alquileres, aprobada recientemente por el Senado de la Nación, generó preocupación entre las organizaciones que representan a inquilinos. Pamela Demes, referente de la Asociación de Inquilinos de Chubut, analizó los cambios en diálogo con Actualidad 2.0 por Radio Del Mar y cuestionó algunas de las modificaciones incorporadas al proyecto.

Demes explicó que, si bien una parte de la reforma modifica cuestiones vinculadas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 21 introduce cambios en el artículo 1222 del Código Civil y Comercial, que regula aspectos de los contratos de alquiler.

“Lo que se modifica acá es que pasa de 10 a 3 días la posibilidad de corregir el atraso en el pago del alquiler”, explicó.

Según detalló, ante una situación de mora, el propietario podría notificar al inquilino mediante distintos mecanismos y, una vez cumplido ese plazo, avanzar con la intimación correspondiente.

La referente de los inquilinos sostuvo que también se reducen los tiempos generales del proceso. “En vez de tener 20 días para todo ese proceso, vas a tener 13”, afirmó, y agregó que el proyecto incorpora además la posibilidad de iniciar un proceso sumarísimo, con el objetivo de acelerar los desalojos.

“No es tan simple la reforma”

Frente a las interpretaciones que sostienen que las modificaciones no tendrían aplicación sobre los alquileres comunes en las provincias, Demes planteó una diferencia respecto de lo señalado por la senadora nacional Edith Terenzi.

“Terenzi tiene razón en una parte, pero lo que no explicó es la modificación que se introduce en la parte final, en el último artículo”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el cambio sobre el artículo 1222 del Código Civil y Comercial tiene incidencia sobre las familias que alquilan.

Para Demes, por lo tanto, “no es tan simple la reforma que se hace”, ya que considera que existen modificaciones que pueden tener consecuencias concretas sobre los inquilinos.

Un punto que consideró favorable para los inquilinos

Durante la entrevista, la referente también destacó un aspecto que consideró positivo dentro de la reforma: la obligación del propietario de recibir las llaves de la vivienda.

Recordó que el artículo 1222 establece que el locador no puede negarse a recibir las llaves ni condicionar su recepción, aunque mantenga la posibilidad de reclamar obligaciones pendientes.

“Esto es algo que pasa continuamente, que tanto inmobiliarios como propietarios privados resisten a recibir las llaves de las propiedades y que le generan más deuda al inquilino o la inquilina”, explicó.

En ese sentido, afirmó que se trata de una de las consultas más frecuentes que reciben en el servicio gratuito de asesoramiento que brindan desde la organización.

Advirtió por la informalidad de los alquileres

Uno de los principales puntos de preocupación planteados por Demes tiene que ver con la situación de las personas que alquilan sin contrato formal.

Según señaló, una gran parte de los inquilinos se encuentra en situaciones de informalidad, sin contrato, factura o servicios a su nombre que permitan acreditar que efectivamente viven en una propiedad en calidad de inquilinos.

“Más del 80% de la población que alquila, alquila en informalidad”, aseguró.

En ese contexto, cuestionó la incorporación de términos como “intruso” y advirtió que podrían generar situaciones de mayor vulnerabilidad para familias que no cuentan con documentación suficiente para demostrar la relación contractual.

“Como propietario, quiero sacar a esta familia de mi casa porque ahora se podría alquilar más caro este lugar, podría presentarme a la Justicia y decir que esta gente está ocupando”, planteó.

Además, recordó que existen otras prácticas utilizadas para presionar a los inquilinos, como el corte de servicios.

“Antes lo que hacían, por ejemplo, era cortarte los servicios y estás obligada a irte, porque ¿cómo vas a estar con tu familia sin servicios?”, señaló.

Críticas a los cambios sobre barrios populares

Demes también cuestionó las modificaciones previstas sobre la Ley 27.453, vinculada al régimen de regularización dominial e integración socio-urbana.

Según explicó, algunos cambios eliminan referencias a obligaciones estatales y objetivos vinculados al fortalecimiento de las actividades económicas familiares y a políticas “progresivas, integrales y participativas”.

“Borran del texto que esta ley tendría como fin el fortalecimiento de las actividades económicas familiares. Y también borran del texto un ítem que dice que tales acciones deberán ser progresivas, integrales y participativas y con enfoque de género y diversidad”, señaló.

Para la referente de los inquilinos, estas modificaciones implican un retroceso en materia de derechos.

“Hay una saña, una intencionalidad explícita de no hacerse cargo de los efectos de sus economías y de su ideología política al momento de retroceder en materia de derechos”, cuestionó.

“Lo que va a pasar es muy grave”

En el tramo final de la entrevista, Demes advirtió sobre las posibles consecuencias para familias que viven en barrios populares y no cuentan con títulos de propiedad.

“Con esta reforma el Estado podría decir: como vos no tenés título de propiedad, te doy tantos días para que desocupes el lugar y remato esta tierra, esa vivienda”, planteó.

Y agregó: “El Estado no tiene ninguna obligación de recompensarte por las modificaciones que tengas en este territorio”.

“Lo que va a pasar es muy grave si esto lo impulsan”, afirmó.

La referente de la Asociación de Inquilinos de Chubut recordó que el proyecto todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados, por lo que el debate legislativo continuará antes de que las modificaciones puedan convertirse en ley.