El veredicto fue dictado de manera unánime en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Rawson, luego de que se diera por acreditado un patrón sistémico de hostigamiento, maltrato y descalificación hacia mujeres profesionales que se desempeñaban bajo su órbita directa, lo que provocó un severo deterioro en la operatividad del servicio judicial de la región cordillerana.

El jurado a cargo del debate oral estuvo presidido por la ministra del STJ, la Dra. Camila Banfi Saavedra, e integrado por los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Gustavo Fita, junto a los abogados de la matrícula Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía. Tras evaluar el cuadro probatorio, el cuerpo concluyó de forma categórica que el accionar del funcionario enjuiciado no respondió a episodios aislados o excepcionales, sino a un comportamiento sostenido en el tiempo que resulta incompatible con las exigencias éticas y de conducción que demanda la magistratura.

La investigación y posterior juzgamiento tuvieron como pilar fundamental la denuncia original radicada por la Dra. Epifane, cuya presentación institucional fue canalizada y respaldada a través del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH). A partir de allí, múltiples declaraciones testimoniales ventiladas durante las audiencias ratificaron que el ahora exasesor incurrió en prácticas reiteradas de violencia laboral contra al menos cinco profesionales de su dependencia, configurando la causal de mal desempeño prevista en la Ley V N.º 80.

En los fundamentos de la resolución, leídos por la Dra. Banfi Saavedra, se remarcó que un rol destinado a la protección de personas en situación de vulnerabilidad requiere aptitudes indispensables de equilibrio, prudencia, integridad y capacidad de liderazgo. El tribunal consideró que las conductas de Sánchez demostraron una grave carencia de dichas condiciones, tornando “objetivamente inviable” su continuidad al frente del organismo.

Asimismo, quedó certificado el impacto directo que el clima de hostigamiento laboral provocó en la estructura del sistema de justicia cordillerano. El fallo expone que el maltrato sistemático desencadenó el alejamiento de personal altamente capacitado, pedidos reiterados de licencias psiquiátricas vinculadas a la salud mental y el consecuente debilitamiento operativo de la Asesoría de Familia de Esquel, lesionando la eficiencia del servicio y resquebrajando la confianza institucional indispensable para el ejercicio de la función pública.