El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido en las últimas horas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión efectiva por delitos vinculados con el direccionamiento de fondos públicos y contrataciones irregulares durante sus mandatos (2007-2015). En el mismo operativo fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, ambos con penas confirmadas de seis años y seis meses de prisión.
El procedimiento se concretó con el traslado de los tres condenados desde la ciudad de Concordia hacia Paraná. Cerca de las 2:00 de la madrugada ingresaron a la Alcaidía de Tribunales de la capital entrerriana, quedando a disposición de la Justicia para el cumplimiento de sus penas. Previo a la detención, los abogados defensores habían solicitado la prisión domiciliaria —en el caso de Urribarri, alegando un cuadro médico de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización—, planteo que no impidió la ejecución inmediata de la orden de encierro.
La resolución definitiva del máximo tribunal del país llevó las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron por inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del exmandatario. De esta manera, quedó clausurada la última vía recursiva contra la sentencia dictada originalmente en abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, la cual ya había sido ratificada de manera sucesiva por la Cámara de Casación Penal y el Superior Tribunal de Justicia provincial.
El expediente judicial acreditó un esquema coordinado de desvío de fondos de la pauta publicitaria oficial hacia empresas ligadas a su entorno particular y familiar (como Global Means, Tep SRL y Next SRL). Entre las maniobras comprobadas se incluyeron erogaciones orientadas a financiar la campaña política conocida como el “Sueño Entrerriano”, el montaje irregular de un parador en la costa de Mar del Plata y pagos a la productora Nelly Entertainment. Además de los ocho años de cárcel, la condena impone la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos en la función pública.
