La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto de ley que establece una reforma integral a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa modifica el esquema normativo vigente desde 2012 y busca redefinir las funciones de la autoridad monetaria, limitando los canales de asistencia financiera directa al sector público.

Entre sus modificaciones centrales, el texto establece que la entidad tendrá como objetivo prioritario y excluyente el cuidado del valor de la moneda, dejando sin efecto el esquema de metas múltiples que incorporaba variables como el nivel de empleo, el sistema financiero y el desarrollo productivo. En materia de financiamiento, la norma prohíbe de forma terminante los adelantos transitorios al Tesoro Nacional y veda la compra primaria de títulos de deuda pública a nivel nacional, provincial o municipal.

Asimismo, el proyecto dispone que las diferencias de valuación contable generadas por fluctuaciones del tipo de cambio o tenencia de oro no podrán girarse como utilidades al Estado, habilitando únicamente la transferencia de ganancias netas realizadas para cancelar pasivos públicos. En cuanto a su gobernanza, excluye a los representantes del Ministerio de Economía de las reuniones de directorio y fija que la remoción de autoridades requerirá una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Las dos miradas en pugna

Quienes defienden la iniciativa sostienen que concentrar al Banco Central en una única meta es indispensable para anclar expectativas, bajar la inflación y recuperar la credibilidad del peso. Desde esta perspectiva, prohibir el financiamiento al Tesoro obliga al Estado a sostener una disciplina fiscal estricta, mientras que el blindaje del directorio y la inembargabilidad de las reservas garantizan mayor previsibilidad técnica frente a las presiones del poder político de turno. En términos simples, este enfoque plantea que la función primordial del Banco Central debe ser cuidar el bolsillo y evitar la suba de precios, cerrando de raíz cualquier intento de emitir billetes para cubrir los gastos del gobierno.

Por el contrario, desde sectores opositores y heterodoxos advierten que despojar a la entidad de sus objetivos vinculados a la producción y el empleo le quita al Estado herramientas clave para aplicar políticas contracíclicas ante momentos de recesión o emergencias. Además, argumentan que un enfoque estrictamente monetarista no ataca las causas estructurales de los precios y señalan que exigir dos tercios del Congreso para remover autoridades podría derivar en una rigidez excesiva ante eventuales fallas de gestión. En la práctica, esta postura sostiene que el organismo no puede desentenderse de la actividad económica cotidiana y que el Estado necesita margen de maniobra para inyectar recursos si la economía entra en crisis o cae el empleo.

El texto aguarda ahora su ingreso en las comisiones de la Cámara de Senadores, donde se definirá su sanción definitiva en las próximas semanas.