La Justicia autorizó este jueves la formulación de cargos contra Julio y Maiko Serrano por el ataque armado ocurrido días atrás, en el que murió Mariana Calfuquir y resultó herido un hombre identificado como Uribe. Ambos imputados quedaron detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El fiscal Ariel Corredera explicó que durante la audiencia hubo objeciones técnicas planteadas por la defensa, que fueron rectificadas en un cuarto intermedio. Finalmente, la Fiscalía logró avanzar con la imputación prevista y obtuvo un plazo de seis meses para completar la investigación.

Según detalló el funcionario judicial, Maiko Serrano fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de consumación por la muerte de Mariana Calfuquir y en grado de tentativa respecto de Uribe, ya que habría sido quien efectuó los disparos.

En tanto, Julio Serrano fue imputado como partícipe necesario del intento de homicidio agravado contra Uribe.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar de los hechos, existía un conflicto previo relacionado con una deuda de dinero entre Uribe y la familia Serrano. El hombre habría concurrido al domicilio para reclamar ese dinero y, en medio de una confrontación verbal, se produjo el ataque armado.

“La balacera terminó con Mariana recibiendo un disparo en la cabeza y perdiendo la vida”, sostuvo Calfuquir.

Además, confirmó que Maiko Serrano admitió haber efectuado los disparos, aunque brindó una versión distinta a la sostenida por la Fiscalía, situación que continuará siendo analizada durante la investigación.

Uno de los datos que más llamó la atención durante la conferencia fue que el fiscal aseguró que actualmente desconocen dónde se encuentra Uribe. “No estamos seguros de su actual paradero”, indicó al ser consultado sobre la falta de información aportada por el hombre herido.

Corredera también advirtió sobre el fuerte temor existente entre vecinos y posibles testigos, situación que —según explicó— dificultó el avance de la investigación y fue uno de los argumentos utilizados para solicitar la prisión preventiva por peligro de entorpecimiento.

Actualmente, la Fiscalía continúa recolectando pruebas mediante entrevistas, análisis de cámaras de seguridad y distintas pericias científicas y balísticas realizadas por Criminalística y equipos técnicos especializados.

Respecto a las posibles penas en caso de condena, el fiscal indicó que se trata de delitos con penas de cumplimiento efectivo que podrían superar los 10 años de prisión.