El Gobierno nacional analizará incorporar modificaciones a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario en el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa forma parte de las alternativas que evalúa el Ejecutivo para reducir el impacto fiscal de ambas normas, luego de que el oficialismo intentara introducir cambios similares en diciembre de 2025. Sin embargo, la definición aún no está cerrada y dependerá de las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

Desde el Gobierno señalaron que, a diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto 2026, este año buscan alcanzar consensos políticos más sólidos, buscando fortalecer el respaldo legislativo.

En ese sentido, sostienen que las partidas destinadas a universidades y discapacidad deberían formar parte del cálculo general de recursos y gastos del Presupuesto, en lugar de quedar establecidas mediante leyes específicas.

Según el razonamiento oficial, cuando el Congreso aprueba normas con impacto fiscal sin definir fuentes de financiamiento, el Ejecutivo se ve obligado a compensar ese gasto mediante recortes en otras áreas o a realizar una reestructuración más amplia del programa de gastos del Estado.