COMODORO RIVADAVIA Y RADA TILLY  |  Jueves 10 de septiembre, 2026
Islas Malvinas

El Gobierno crea un sistema para monitorear actividades extranjeras ilegales

Se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un mecanismo para coordinar acciones diplomáticas y jurídicas en defensa de los recursos y la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Se suma a las denuncias contra petroleras y la inversión en la Base Naval de Tierra del Fuego.

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior. El nuevo dispositivo funcionará bajo la órbita de la Cancillería y tendrá como eje central coordinar todas las actuaciones del Estado argentino vinculadas al reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

El objetivo del esquema es unificar la información, la articulación operativa y el asesoramiento legal ante iniciativas estatales que incidan en las relaciones internacionales o los intereses estratégicos del país. Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo es asegurar una política exterior uniforme y coherente, integrando dimensiones diplomáticas y judiciales orientadas a la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los archipiélagos usurpados.

Los anuncios se inscriben en una serie de medidas gubernamentales orientadas a endurecer la postura estatal frente a la explotación de recursos en el Atlántico Sur. El paquete combina herramientas diplomáticas y judiciales, como las denuncias penales contra petroleras internacionales (Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Oil & Gas) y la exigencia de declaraciones juradas en regímenes de inversión como el RIGI, con el propósito de elevar el costo legal y reputacional de operar bajo licencias británicas que la Argentina desconoce de forma indeclinable.

Sin embargo, especialistas y analistas de la región observan con cautela el impacto fáctico de estas disposiciones. Por un lado, marcan la dificultad histórica para hacer efectivas las sanciones sobre compañías extranjeras que no reconocen la jurisdicción de los tribunales nacionales; por el otro, recuerdan que el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia ya arrastra antecedentes de desfinanciamiento y demoras desde 2023, por lo que la reactivación efectiva de las partidas y la coordinación con las áreas técnicas del Estado resultarán determinantes para transformar las decisiones administrativas en presencia operativa concreta sobre el Atlántico Sur.

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Se trata del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un mecanismo para coordinar acciones diplomáticas y jurídicas en defensa de los recursos y la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Se suma a las denuncias contra petroleras y la inversión en la Base Naval de Tierra del Fuego.