Se realizó en Rawson un encuentro del que participaron autoridades provinciales y representantes de organizaciones relacionadas a la temática. Se evaluaron los avances para reglamentar la Ley que busca mejorar el acceso a medicamentos seguros y de calidad, generar nuevas fuentes de trabajo y ampliar la matriz productiva.

En ese marco, se trabajaron de forma conjunta puntos clave para lograr la reglamentación de la norma I N° 790, denominada “Ley Salomé”, que fue aprobada por la Legislatura en septiembre del año pasado, garantizando el acceso al cannabis para fines medicinales y terapéuticos, y generando de esta forma más salud, más producción y más seguridad.

Beneficios de la “Ley Salomé”

La legislación, que se denominó “Ley Salomé” en reconocimiento a la hija de una de las impulsoras, y presidenta de la Asociación de Cannabis Terapéutico de Puerto Madryn, Berta Thachek, regula el acceso seguro, controlado y de calidad al cannabis medicinal.

Entre los beneficios del cannabis para la salud, se destacan que mejora la calidad de vida de las personas que sufren dolor crónico, ansiedad e insomnio; de las que tienen cáncer, reduciendo las náuseas y vómitos asociados a los tratamientos de quimioterapia; y además reduce y/o evita las crisis de epilepsia, y el dolor crónico, ya que es analgésico y antiinflamatorio.

También promueve un nuevo polo productivo, ya que el cáñamo es una fuente de fibra para la elaboración de tela, calzado, sogas y redes, para la fabricación de materiales para la construcción, cementos y aislantes vegetales; y una fuente de oxígeno para reducir la contaminación ambiental. Además, las semillas de la planta tienen alto valor alimenticio, lo que permite incluirlas en suplementos nutricionales y productos cosméticos.

Es por eso que regular la industria del cáñamo generará nuevas fuentes de trabajo, ampliará la matriz productiva y reducirá la huella de carbono de la región, incentivando la innovación tecnológica y estimulando una actividad ambientalmente sostenible.

Por otra parte, la ley brinda un ámbito seguro y controlado en todo el proceso, regulando la siembra, el cultivo, el almacenamiento, la producción y el transporte del cannabis medicinal y el cáñamo. Además, mejora la trazabilidad, la calidad y la seguridad de los productos comercializados en la provincia.