A través del Decreto 697/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional disolvió el Instituto Nacional de Alimentos y distribuyó sus funciones entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Salud.
La medida reorganiza las tareas de control y fiscalización de los alimentos en el país y establece una nueva distribución de responsabilidades entre ambos organismos.
El SENASA tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las normas vigentes y centralizará el registro de las importaciones de alimentos. Según establece la normativa, esta modificación busca evitar la duplicación de trámites y agilizar los procesos de habilitación para el sector.
Por su parte, el Ministerio de Salud asumirá la definición de las políticas sanitarias vinculadas con la alimentación y la evaluación de la evidencia científica relacionada con la composición de los productos. De esta manera, la cartera sanitaria establecerá las pautas que deberán cumplir las empresas, mientras que el SENASA fiscalizará su cumplimiento.
El decreto también introduce modificaciones en el Código Alimentario Argentino y establece un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizarlo.
Según el Gobierno, los cambios apuntan a simplificar los procesos vinculados con la producción nacional y el comercio exterior. Además, la normativa contempla la posibilidad de establecer convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en la unificación de registros, aranceles y sanciones en todo el país.
