El Gobierno nacional anunció la eliminación del día no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que se conmemora cada 27 de junio. La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la decisión tiene como objetivo “equiparar las condiciones laborales entre trabajadores del sector público y privado”.

“El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, señaló Adorni en conferencia de prensa.

La jornada había sido establecida en 2013 como un día de descanso para los empleados de la Administración Pública Nacional, en conmemoración del convenio firmado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1978, que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el ámbito estatal. En Argentina, ese acuerdo fue ratificado por ley en 1987.

Según expresó Adorni, la eliminación del asueto apunta a fomentar “la eficiencia y responsabilidad” en la administración pública. “Ese día libre se financia con el aporte de cada contribuyente del país. Trabajar en el Estado implica brindar un servicio esencial que requiere esfuerzo diario y que, de forma directa o indirecta, impacta en el presente y el futuro de la Argentina”, sostuvo Adorni.

Además, agregó: “La Argentina que ponía al Estado por encima del sector privado es parte del pasado”.

El anuncio fue realizado a menos de 48 horas del día previsto para el asueto, lo que generó incertidumbre en algunos organismos públicos y entre trabajadores que habían planificado el fin de semana largo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron duramente la decisión. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “una provocación” y apuntó directamente contra el Gobierno.

“El único que goza de privilegios del Estado sos vos, Adorni”, escribió Aguiar en la red X (exTwitter). “Quieren eliminar por decreto un día histórico sancionado por ley. No van a poder”.

El dirigente sindical también señaló que la jornada del 27 de junio tiene un valor simbólico para los trabajadores estatales, ya que reconoce su rol dentro del funcionamiento del Estado y fue establecida por la Ley 26.876, aprobada por el Congreso.