El Gobierno nacional formalizará este miércoles 22 de julio de 2026 el envío a la Cámara de Diputados de la versión corregida de la Ley de Inocencia Fiscal. El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El objetivo central de la reforma es eliminar los obstáculos normativos señalados por profesionales tributarios para incentivar el ingreso al circuito formal de unos USD 170.000 millones que actualmente permanecen no bancarizados.

La reestructuración del texto surge tras una serie de reuniones entre el equipo económico y especialistas del sector privado. El proceso derivó en una prórroga provisoria: si bien la fecha de pago del impuesto a las Ganancias se mantendrá para el próximo 27 de julio, la obligación de presentar la declaración jurada fue postergada hasta el 27 de agosto. El oficialismo confía en que la Cámara baja apruebe el nuevo cuerpo normativo antes de ese plazo para que los contribuyentes operen bajo el nuevo marco de seguridad jurídica.

Entre las modificaciones sustanciales, la propuesta redactada por el Ejecutivo elimina los límites máximos de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que restringían el acceso en la versión anterior. Asimismo, ajusta el concepto de “discrepancia significativa” y revisa los umbrales de punibilidad por evasión simple, atendiendo a reclamos técnicos para evitar interpretaciones contradictorias sobre los saldos a favor.

El debate político promete intensificarse en el Congreso en torno al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y la inclusión de Personas Políticamente Expuestas (PPE). La controversia cobró volumen tras confirmarse la adhesión de altos funcionarios del Poder Ejecutivo —entre ellos el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni—, lo que motivó el rechazo de sectores de la oposición y la recomendación de tributaristas de excluir explícitamente a los agentes públicos de los beneficios liberatorios de la norma.

“Es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente pierde poder de compra y el país no se beneficia porque debería estar convirtiéndose en inversión”, argumentó el ministro Caputo previo a la presentación. Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la inyección de estos recursos al sistema bancario y al mercado de capitales (ALyCs) permitirá ampliar la oferta de crédito para pequeñas y medianas empresas e infraestructura.