La secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, expuso este miércoles en la Cámara de Diputados durante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para defender el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “Ley Malvinas”. Su intervención estuvo marcada por la ausencia de otros integrantes del gabinete requeridos por la oposición, como el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
El principal punto de discordia radica en la exigencia de los bloques opositores —encabezados por Unión por la Patria y Provincias Unidas— de desdoblar la iniciativa. La oposición manifestó su voluntad de acompañar el Título I, compuesto por 40 artículos destinados a endurecer sanciones contra la explotación ilícita de hidrocarburos y recursos naturales en la Plataforma Continental, pero rechazó el resto del articulado. “Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto”, ratificó enfáticamente la funcionaria nacional.
En un intento por destrabar las negociaciones hacia el dictamen, Ibarzábal Murphy ofreció incorporar al texto la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento legislativo sobre el futuro Consejo de Seguridad Nacional, organismo que responderá a la Presidencia de la Nación. No obstante, la funcionaria rechazó que la creación de dicho consejo represente una delegación indebida de potestades legislativas o una concentración de poder.
Asimismo, la representante del Ejecutivo admitió que el proyecto contiene “fallas técnicas” y se mostró dispuesta a revisar la redacción del resistido artículo 225 bis del Código Penal, el cual establece penas de prisión por presuntas campañas de desinformación electoral con financiamiento externo, fuertemente cuestionado por entidades periodísticas por su potencial impacto en la libertad de expresión.
La jornada también registró momentos de fuerte rispidez política, entre ellos un duro cruce entre el titular del bloque peronista, Germán Martínez, y la secretaria presidencial por el impacto del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Con este panorama, el oficialismo deberá intensificar las negociaciones y aplicar modificaciones si busca asegurar los votos para llegar al recinto a fines de octubre.