El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presentó su informe actualizado al 30 de octubre de 2026, advirtiendo sobre una situación de extrema gravedad: con 36 víctimas fatales en el mes, octubre se convirtió en el período más letal de los últimos cinco años.

Desde el 1 de enero al 30 de octubre, el registro oficial contabiliza un total de 239 femicidios en todo el territorio argentino, lo que arroja un promedio alarmante de un crimen por razones de género cada 30 horas. Del total de casos, 177 correspondieron a femicidios directos, 24 fueron vinculados, 8 trans/travesticidios, 20 se dieron en contexto de narcotráfico o crimen organizado, 10 suicidios feminicidas y un crimen de odio. A estas cifras se suman 728 intentos frustrados de asesinato.

Las consecuencias del avance de la violencia machista dejaron a 179 niños, niñas y adolescentes huérfanos de madre. Según los indicadores analizados, la edad promedio de las víctimas es de 37 años y el 41% de ellas eran madres. Además, en el 61% de los hechos los agresores pertenecían al círculo íntimo (parejas, exparejas o familiares) y el 59% de los ataques fatales se perpetraron dentro de las propias viviendas de las víctimas.

Casos testigo y fallas en la protección estatal

El informe hizo especial hincapié en casos recientes de fuerte impacto público, como el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural que permaneció 20 días desaparecida antes de ser hallada asesinada en Corrientes tras haber denunciado la precariedad de las infancias rurales. Asimismo, señalaron los crímenes contra mujeres en situación de vulnerabilidad extrema y trabajadoras sexuales, reclamando medidas de protección de fondo frente a la inacción institucional.

Los números también dejaron al descubierto falencias críticas en los dispositivos de seguridad estatal: si bien un 12% de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores, un 75% de ese grupo contaba con medidas de restricción perimetral vigentes y un 12% tenía asignado botón antipánico al momento de ser atacada.

Desde la entidad exigieron la declaración formal de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, vinculando el agravamiento de las agresiones con el deterioro de las condiciones de vida socioeconómicas y la precarización que golpea a mujeres y disidencias.