El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) confía en alcanzar la sanción definitiva entre las 18 y las 19 horas, gracias al respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales.

Durante el debate, la senadora oficialista Nadia Márquez defendió la iniciativa argumentando que “educar es poner límites” y que los adolescentes de 14 años comprenden la criminalidad de sus actos. Por su parte, desde la oposición, Jorge Capitanich planteó dudas sobre la viabilidad de la reforma si no se garantizan los recursos necesarios para su implementación, calificando la falta de presupuesto como una potencial “frustración colectiva”.

El proyecto establece que la privación de la libertad para menores será un “último recurso” y fija una pena máxima de 15 años para crímenes como homicidios, abusos y secuestros. Para asegurar su puesta en marcha, el Gobierno nacional comprometió un presupuesto de $23.000 millones destinados a la creación de institutos especializados que garanticen educación y salud a los jóvenes condenados. Una vez finalizado este tratamiento, el Senado pasará a debatir la reforma laboral.