La sesión estuvo marcada por fuertes cruces reglamentarios y la presencia de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores en los palcos. El senador oficialista Gonzalo Guzmán, miembro informante, destacó que con esta norma la Argentina se alinea con los estándares de la región, donde países como Chile, Colombia y Paraguay ya aplican este límite. Por su parte, el peronismo y algunos sectores del radicalismo advirtieron sobre la necesidad de que se cumpla efectivamente con el presupuesto de $23.700 millones prometido para la creación de institutos especializados y programas de reinserción.
La nueva ley establece que la privación de la libertad será el último recurso y fija una pena máxima de 15 años para delitos graves como homicidios, abusos sexuales o secuestros. Además, prohíbe estrictamente la convivencia de menores con detenidos adultos y dispone medidas alternativas (como prisión domiciliaria o tareas comunitarias) para delitos menores que no involucren violencia física o muertes.
