El proceso busca determinar si Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante las casi dos décadas que lleva el caso sin resolución.

El tribunal, bajo la presidencia de Julieta Rinaldi, ha programado cinco audiencias clave entre el 21 y el 27 de abril. Durante estas jornadas, se espera el testimonio de 37 personas. Entre los citados de mayor relevancia se encuentran Marcelo Macarrón, viudo de la víctima, y sus hijos Valentina y Facundo, quienes han mantenido una postura crítica hacia la instrucción judicial tras la absolución del viudo en 2022.

Facundo Macarrón expresó recientemente que este proceso no busca “odio ni venganza”, sino honrar la memoria de su madre ante lo que consideran una cadena de irregularidades que impidieron hallar al culpable antes de que la causa prescribiera.

Aunque la causa penal por el crimen de Villa Golf está prescripta, la acusación liderada por la fiscal general adjunta Bettina Croppi tomó fuerza tras un hallazgo reciente del fiscal Pablo Jávega. Se detectó una coincidencia genética entre las muestras halladas en la escena del crimen y Roberto Bárzola, un parquetista que realizó trabajos en la vivienda. Este dato puso en evidencia que líneas de investigación básicas no fueron agotadas en su momento por los fiscales hoy cuestionados.

El proceso entrará en su etapa final durante el mes de mayo con la presentación de los alegatos. El tribunal tiene como fecha límite el 28 de mayo para emitir un veredicto. La resolución podrá determinar la continuidad de los funcionarios en sus cargos o su destitución definitiva, cerrando así un capítulo institucional clave en una de las causas más dolorosas de la justicia cordobesa.