El operativo tendrá lugar en el paraje rural Algarrobal, el sitio exacto donde se desarrolló el almuerzo familiar previo a la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024 en las afueras de la localidad de 9 de Julio.

Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento tiene como finalidad que los jueces adquieran un conocimiento territorial directo del escenario de los hechos. Esta dimensión física y geográfica será considerada fundamental por el tribunal al momento de evaluar las futuras declaraciones de los testigos e imputados, así como para contrastar las distancias, los tiempos y las circunstancias clave que constan en el expediente.

Los magistrados encargados de liderar el proceso penal son Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco. Pese a los sucesivos planteos e intentos presentados por las defensas de los acusados para postergar el inicio de las audiencias, el tribunal rechazó las solicitudes y ratificó que el inicio del juicio se mantendrá firme para el próximo 16 de junio.

Desde la organización del debate confirmaron que las audiencias se desarrollarán de manera estrictamente presencial, motivo por el cual ya se están coordinando los complejos operativos logísticos para el traslado de los detenidos desde los diferentes centros de reclusión. En la causa intervendrán los fiscales federales de la Unidad Fiscal de Corrientes, Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

Los acusados

El juicio oral contará con un total de 17 personas procesadas. Entre ellas, siete enfrentan los cargos principales de la investigación bajo la carátula de sustracción y ocultamiento de un menor de edad.

Este grupo central de acusados está compuesto por la tía del niño, Laudelina Peña; el excomisario de la policía local, Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el exmarino Carlos Pérez; además de Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. La totalidad de los imputados principales continúa bajo prisión preventiva en unidades penitenciarias comunes, a excepción de Millapi, quien cuenta con el beneficio de arresto domiciliario monitoreado por dispositivo electrónico debido a razones familiares.