La situación mantiene en la incertidumbre a 72 familias que esperan una respuesta sobre su futuro laboral y económico. En diálogo con Nuestras Mañanas, Pacheco explicó que recibieron telegramas en los que se les indica que deben reclamar el pago de las indemnizaciones al Municipio. Sin embargo, desde la administración municipal les habrían señalado que la responsabilidad corresponde a Patagonia Argentina.

“¿Quién nos tiene que pagar? ¿A quién le tenemos que ir a cobrar? Lo cierto es que hoy por hoy estamos a la deriva, somos 72 familias que vamos a quedar a la deriva”, expresó.

El referente confirmó que cuentan con asesoramiento legal y recordó que, cuando comenzó el conflicto, habían evaluado solicitar un embargo preventivo ante la posibilidad de que la empresa se desprendiera de sus bienes. Sin embargo, sostuvo que esa alternativa perdió posibilidades luego de que Patagonia Argentina vendiera sus colectivos.

Además, explicó que los trabajadores están divididos en dos sectores: uno que responde a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y otro integrado por empleados autoconvocados. Según detalló, inicialmente se firmó un acuerdo de prórroga por tres meses entre la UTA, la sociedad de trabajo y Patagonia Argentina, pero él y otros compañeros decidieron no adherir porque no estaban de acuerdo con sus condiciones.

Incertidumbre por la continuidad laboral

Pacheco señaló que durante estos tres meses Patagonia Argentina continuó abonándoles un salario básico, aunque advirtió que ese ingreso podría interrumpirse el próximo mes.

En paralelo, indicó que la empresa MIR cuenta con las unidades que presentó para prestar el servicio, pero todavía no puede ponerlas en circulación. Según explicó, la emergencia económica declarada por el Municipio impide incorporar nuevos colectivos y ampliar los kilómetros de recorrido durante el período establecido.

También mencionó que el intendente solicitó una prórroga de 18 meses y que, durante una reunión, les transmitió que la incorporación de trabajadores a la nueva empresa se realizaría de manera paulatina dentro de ese plazo.

Sin embargo, los ex choferes consideran que no pueden esperar ese tiempo. “¿Qué hacemos nosotros en 18 meses? El mes que viene prácticamente no vamos a cobrar más, así que no podemos esperar 18 meses”, cuestionó.

Reclaman una solución urgente

El conflicto también involucra diferencias sobre las obligaciones establecidas en el pliego de concesión. Pacheco indicó que se menciona la posibilidad de aplicar una multa a MR por un supuesto incumplimiento en la incorporación del personal, aunque la empresa sostiene que cumplió con las condiciones, ya que el documento establece la contratación del personal necesario y no necesariamente de la totalidad de los trabajadores.

Más allá de esas discusiones administrativas y legales, el referente sostuvo que la principal preocupación es la situación de quienes trabajaron durante décadas en Patagonia Argentina y ahora no tienen garantías de continuidad laboral ni de cobro de sus indemnizaciones.

“Nosotros lo que entendemos es que trabajamos 18, 20, 25 años en una empresa y hoy por hoy nos largan a la calle”, manifestó.

También puso el foco en la edad de muchos de los trabajadores, que están próximos a jubilarse y tienen dificultades para conseguir otro empleo. Como ejemplo, contó que a él le falta apenas un año para alcanzar la jubilación y considera difícil que otra empresa lo incorpore.

Finalmente, adelantó que buscarán una nueva reunión con el intendente para encontrar una salida al conflicto. El objetivo, sostuvo, es alcanzar algún acuerdo que permita dar una respuesta concreta a las familias afectadas.