El Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó este lunes una serie de exhumaciones en tumbas NN de Comodoro Rivadavia como parte de las medidas judiciales impulsadas para avanzar en la investigación por la desaparición forzada de Iván Torres.
El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez y se desarrollará durante cuatro jornadas. Los procedimientos forman parte de la causa iniciada tras la desaparición del joven en octubre de 2003, uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en democracia en Argentina.
“Se inicia esta semana un proceso de exhumación de algunas de las tumbas que ya fueron señalizadas, obviamente en el marco de la causa de la desaparición forzada de Iván Torres”, explicó el magistrado.
Por cuestiones vinculadas a la investigación, desde la Justicia evitaron brindar detalles sobre la cantidad exacta de tumbas involucradas y los lugares específicos donde se realizan las tareas. “Esto no deja de ser una pericia que se establece dentro de la causa”, sostuvo Vázquez.
En el operativo trabajan entre 10 y 15 integrantes del equipo forense, junto a personal de cementerios, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y funcionarios judiciales federales de distintas jurisdicciones patagónicas.
Según explicó el juez, las exhumaciones forman parte de una serie de medidas adoptadas para profundizar la búsqueda de información vinculada al caso. En paralelo, continúa vigente el pedido de recompensa para quienes puedan aportar datos relevantes sobre el destino de Iván Torres. “El monto de la recompensa fue elevado a 15 millones de pesos y estamos dialogando también con el Gobierno de Chubut para que acompañe esa suma”, indicó.
Vázquez aclaró además que el trabajo está enfocado exclusivamente en el caso de Iván Torres, aunque señaló que el banco de datos genéticos del Equipo Argentino de Antropología Forense podría eventualmente permitir identificar otros restos.
Las muestras obtenidas serán enviadas a laboratorio para realizar distintos análisis científicos y los resultados podrían conocerse dentro de dos a cuatro meses.
“Siempre se busca encontrar a las personas con vida, pero una desaparición forzada de más de 20 años también implica una presunción de fallecimiento. Por eso se agotan todas las medidas posibles y esta es una de ellas”, concluyó el magistrado.