Lorena Andrade, mamá del corazón de Ángel López —el niño de 4 años cuya muerte en Comodoro Rivadavia se investiga bajo la carátula de presunto homicidio—, reapareció públicamente a través de sus redes sociales con un contundente video en el que apuntó directamente contra el accionar de la psicóloga Leiva, profesional que intervino desde el Servicio de Protección de Derechos para avalar la revinculación del nene con su progenitora.

Por el fallecimiento de la criatura se encuentran detenidos bajo prisión preventiva su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel “Maycol” González. En su mensaje, Andrade leyó un memorándum de la Secretaría de Recursos Humanos municipal donde se dispone el traslado en comisión de servicios de Leiva a tareas administrativas en la Dirección de Seguros a partir del 14 de septiembre.

“Me acabo de enterar que hicieron un memorándum rápido y efectivo. Soluciones rápidas para ella, mientras nosotros seguimos esperando los tiempos de la Justicia y las burlas de la defensa de los asesinos”, manifestó con indignación Andrade.

En su descargo, la mujer apuntó también contra el fiscal a cargo de la causa y la falta de avances sobre quienes firmaron los informes favorables previos: “No le hemos vuelto a ver la cara; él debería encargarse de que esta mujer no trabaje en ningún lado. No se van a salvar porque son los principales culpables de que hoy Ángel esté en un cajón. Asesinaron a una criatura de 4 años y apoyan a quien debe estar detrás de las rejas”, sentenció.

El estado judicial de la causa

La actuación de Leiva en el Servicio de Protección de Derechos de Comodoro Rivadavia se encuentra formalmente judicializada. La familia paterna, patrocinada por el abogado Roberto Castillo, radicó en mayo una denuncia penal solicitando su suspensión preventiva, la retención de pasaporte y la preservación de expedientes de revinculación tramitados bajo su órbita.

En tanto, el expediente central por la muerte de Ángel mantiene una instancia decisiva por delante: una nueva pericia a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, requerida por las defensas de Altamirano y González, cuyo inicio quedó fijado para el próximo 21 de octubre.