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El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, intimó este martes al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días hábiles. La decisión judicial incluye la advertencia formal de aplicar astreintes —sanciones económicas diarias a cargo del Estado— ante cualquier dilación en la ejecución de la medida.

El pronunciamiento del magistrado responde a una presentación efectuada por las partes demandantes, al constatar que la medida cautelar previa —que ya cuenta con carácter de firme— no fue acatada de forma integral por la administración central. Frente a este cuadro, el juzgado emplazó a los ministerios competentes a dar cumplimiento estricto a lo ordenado en los artículos 5 y 6 de la legislación vigente, los cuales fijan parámetros específicos para la recomposición salarial de trabajadores docentes y nodocentes, así como la actualización y pago de becas para la comunidad estudiantil.

La resolución judicial se da en medio de una profunda tensión paritaria. Mientras los gremios universitarios y las casas de altos estudios denuncian un atraso en los haberes acumulado del 31,2%, la última propuesta oficial en la mesa de negociación consistió en un incremento del 3%, cifra rechazada de plano por las representaciones sindicales.

El estancamiento de las negociaciones y la falta de partidas presupuestarias derivó en un nuevo esquema de paros rotativos y medidas de fuerza en diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del resto del país a lo largo de esta semana. En paralelo, federaciones estudiantiles y sindicatos docentes ya convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el próximo 15 de octubre, que tendrá como punto neurálgico las inmediaciones del Palacio de Tribunales para insistir en la ejecución judicial de los fondos educativos.