En medio de la ofensiva administrativa y diplomática abierta por el Gobierno nacional para frenar el avance hidrocarburífero unilateral en las Islas Malvinas, las tres principales multinacionales de servicios y tecnología energética del mundo —SLB (ex Schlumberger), Baker Hughes y Halliburton— informaron de manera oficial que no forman parte ni prevén incorporarse a iniciativas de exploración o explotación en el archipiélago y sus aguas adyacentes.

El pronunciamiento de las compañías se produjo tras los recientes anuncios del Poder Ejecutivo, que dispuso endurecer la aplicación de la Ley 26.659 para sancionar con la inhabilitación operativa en el territorio continental y la exclusión del RIGI a firmas que operen, directa o indirectamente, como proveedores de proyectos no avalados por el Estado argentino. Desde el oficialismo, la petrolera de bandera YPF celebró la postura de las contratistas, destacando que su ratificación de permanencia en el país y en desarrollos clave como Vaca Muerta representa “una señal muy clara del camino por delante”.

Si bien ninguna de las tres compañías mantenía contratos activos en el yacimiento Sea Lion —el desarrollo offshore que impulsan la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%) al norte de las islas—, sus declaraciones adquieren un fuerte valor estratégico en la cadena global de suministros. La táctica oficial busca encarecer y complejizar la logística del proyecto bloqueando el acceso a equipamiento de alta tecnología para aguas profundas, bajo la advertencia de perder concesiones en el mercado no convencional neuquino.

La definición de las prestadoras se conoció en una jornada en la que el Ejecutivo notificó formalmente a unas 180 firmas vinculadas al sector hidrocarburífero y puso en marcha un proceso sancionatorio administrativo contra 45 empresas y personas físicas asociadas a las actividades ilegales en la cuenca de Malvinas.