La Jefatura de la Comisaría de Kilómetro 8 brindó detalles pormenorizados sobre el allanamiento y la clausura de un comercio clandestino que operaba en una vivienda adjudicada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el barrio Edisur.

El responsable de la dependencia policial, comisario Hugo Morales, precisó en Nuestras Mañanas en Radio Del Mar que el volumen total de la mercadería incautada alcanzó un estimativo de entre 1.200 y 1.300 litros de bebidas alcohólicas de diversa graduación. La magnitud del cargamento requirió el despliegue logístico de un camión oficial para poder trasladar los bultos hacia los depósitos de la seccional norte.

Las inspecciones permitieron determinar la estructura edilicia que los ocupantes habían montado para ejercer la actividad marginal de forma solapada, incluso constataron que la propiedad típica del IPV contaba con una habitación de tres por cuatro metros acondicionada como depósito de stock, la cual poseía una ventana de doble hoja orientada de forma directa hacia la vía pública.

“Había una ventana que da hacia la calle a la vía pública, es una ventana de doble hoja, una reja, abajo de la reja tiene una pequeña abertura y que por ahí hacían la venta de bebida alcohólica y otros elementos” describió Morales.

Tras detectar la afluencia sospechosa de compradores en horarios nocturnos, las autoridades fundamentaron los pedidos de registro domiciliario. El procedimiento contó con el aval legal del Juez de Faltas Nº 3, Alejandro Puricelli, y la correspondiente orden de allanamiento emanada por el Juez Penal de turno, Mariano Nicosia.

En relación con los responsables de la actividad comercial no autorizada, los registros preventivos indicaron que se trata de personas de nacionalidad boliviana radicadas hace 17 años en la ciudad y asentadas en esa propiedad desde hace tres años, quienes no registraban antecedentes penales en el sistema informático policial.

Durante el ingreso al búnker, además de la abundante reserva de cervezas y licores, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de una caja que contenía diversos lotes de medicamentos de procedencia dudosa.

Frente al destino definitivo que tendrán las bebidas retenidas, la jefatura policial adelantó que gestiona repetir un innovador mecanismo solidario implementado con éxito durante el último año. La propuesta —que ya cuenta con el análisis de la Unidad Regional— será formalizada ante el tribunal de faltas interviniente. El plan consiste en lograr la autorización legal para destruir el alcohol decomisado y canjear sus envases o el valor neto de los bienes por leche fluida y alimentos no perecederos para abastecer a comedores comunitarios locales.

“La idea sería eso, estuvimos hablando con el jefe de unidad respecto al secuestro que se hizo el fin de semana. Hay que charlarlo con el juez de falta y el juez que autoriza la orden de allanamiento y si ellos autorizan, veremos si podemos hacer la misma modalidad, cambiar las bebidas alcohólicas por alimentos” informó Morales.