La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CACIPCR) y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), en su carácter de querellantes en la causa que investiga la presunta emisión irregular de certificados médicos utilizados para justificar licencias laborales, manifiestan su profunda preocupación por la prolongada demora en el cumplimiento de una medida pericial considerada esencial para el avance de la investigación.

En el marco de la causa, el Ministerio Público Fiscal dispuso durante el año 2025 que el Cuerpo Médico Forense de Comodoro Rivadavia realizara un análisis técnico de los certificados médicos incorporados al expediente, junto con las historias clínicas y demás documentación sanitaria correspondiente, con el objeto de determinar si los diagnósticos consignados cuentan con sustento médico y documental. Dicha orden fue posteriormente reiterada el 24 de febrero de 2026 y, pese al tiempo transcurrido, la medida continúa sin cumplirse.

Ante la persistencia de esta situación, las instituciones presentaron oportunamente un pedido de intimación al Cuerpo Médico Forense para que cumpliera con la medida ordenada. Al no haberse registrado avances, recientemente se presentó un nuevo escrito solicitando al Ministerio Público Fiscal que adopte las medidas legales correspondientes frente al incumplimiento y a la demora que viene afectando el normal desarrollo de la investigación.

La pericia pendiente constituye una prueba de singular relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados. De su resultado dependerá, en gran medida, la posibilidad de determinar técnicamente si la documentación médica incorporada al expediente resulta compatible con las historias clínicas y demás antecedentes médicos obrantes en la causa. Su ausencia impide avanzar sobre uno de los aspectos centrales de la investigación y prolonga innecesariamente un proceso de evidente interés público.

Las entidades destacan que el objetivo de esta investigación nunca ha sido cuestionar el derecho de los trabajadores a acceder a licencias médicas cuando corresponden, ni poner en tela de juicio el ejercicio responsable de la medicina o de la psiquiatría. Por el contrario, la finalidad es que la Justicia determine, mediante pruebas objetivas y con todas las garantías del debido proceso, si existió o no un mecanismo irregular de emisión de certificados médicos que hubiera ocasionado importantes perjuicios económicos, laborales e institucionales. Ese esclarecimiento resulta tan importante para quienes denunciaron los hechos como para los profesionales que ejercen su actividad con responsabilidad y ética.

Cabe recordar que la denuncia fue promovida por numerosas empresas de distintos sectores de la actividad económica local, junto con ambas instituciones empresarias, a partir de la reiteración de situaciones que presentaban características similares y que motivaron la intervención de la Justicia. Entre los elementos incorporados a la causa se encuentran documentación aportada por las empresas, registros audiovisuales, pericias y demás prueba documental destinada a esclarecer los hechos investigados.

Asimismo, la problemática no constituye un hecho aislado. En un relevamiento realizado por la Cámara de Comercio entre empresas de Comodoro Rivadavia, una proporción significativa de los participantes manifestó haber enfrentado casos de licencias vinculadas a problemas de salud mental y expresó su preocupación por el impacto económico y operativo que estas situaciones generan en las PyMEs. Entre quienes identificaron a los profesionales firmantes de certificados médicos, el nombre del profesional actualmente investigado fue el más mencionado.

La Cámara de Comercio y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central reiteran su absoluto respeto por la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, así como por la labor que desarrollan diariamente los profesionales del Cuerpo Médico Forense. Precisamente por ese respeto institucional, consideran indispensable que las medidas probatorias ordenadas sean cumplidas dentro de plazos razonables, garantizando que la investigación pueda avanzar con la celeridad que la sociedad espera y merece.

La demora en la producción de una prueba esencial no solo afecta a las empresas denunciantes, sino también al adecuado funcionamiento del sistema de justicia, al derecho de todas las partes a obtener una respuesta en un plazo razonable y al interés de la comunidad en que hechos de esta naturaleza sean plenamente esclarecidos.

Por ello, ambas instituciones renuevan su compromiso de continuar colaborando con la investigación, aportando toda la información que les sea requerida y acompañando el proceso hasta que la totalidad de los hechos denunciados pueda ser debidamente esclarecida, confiando en que la pronta realización de la pericia permitirá imprimir el impulso necesario para el avance definitivo de la causa.