A través de una presentación formal, la central obrera recusó a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y planteó que la sentencia es nula por carecer de fundamentos y ética profesional.

La lupa sobre el juez Pesino

El argumento más explosivo de la CGT gira en torno al juez Víctor Pesino. Según la presentación firmada por el abogado Pablo Topet, el magistrado habría intervenido en favor del Gobierno mientras el Estado Nacional tramitaba un pedido para que pudiera permanecer en su cargo por cinco años más, tras haber alcanzado el límite constitucional de 75 años.

Para la CGT, esta situación constituye un “beneficio de importancia” que vicia de parcialidad la decisión judicial. “Omisión y prejuzgamiento confluyen en una descalificable sentencia”, afirmaron desde la central, calificando la conducta como contraria a la ética.

El impacto en los trabajadores

Además de las recusaciones, el escrito advierte que los jueces desconocieron la “naturaleza alimentaria” de los derechos laborales y la vulnerabilidad de los empleados en relación de dependencia. La central obrera denunció que el fallo se dictó sin permitirles intervenir y adelantó que llevará el reclamo no solo a la Corte Suprema, sino también a organismos internacionales como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con esta movida, la CGT busca congelar nuevamente la aplicación de la reforma mientras se resuelve si los jueces deben ser apartados de la causa.