El conflicto judicial se originó a raíz de una acción de amparo impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata contra el Estado Nacional.
En marzo de 2024, la Cámara Federal platense había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 —dictado por la gestión de Javier Milei—, norma que derogó la Ley 26.737 y eliminó el tope máximo del 15% para la adquisición de tierras en manos de extranjeros. En su resolución, el máximo tribunal anuló dicho fallo por considerar que la asociación civil demandante carecía de legitimidad procesal para litigar, sin abordar el debate de fondo.
A través del comunicado, el tribunal buscó disipar interpretaciones erróneas y remarcó que la sentencia no constituye un aval al decreto ni impide futuras acciones legales. “La controversia fundamental referida al artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley de tierras no ha sido resuelta en este caso”, especificaron los magistrados, añadiendo que cualquier ciudadano o grupo de interés puede solicitar medidas cautelares si considera que la normativa vulnera la Constitución.
Asimismo, la Corte cuestionó las descalificaciones en redes sociales y recordó que la defensa de los recursos naturales ha sido una línea de conducta institucional mantenida durante más de dos décadas.
