La defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes la incorporación de lo que calificó como una prueba “monumental” para cuestionar su condena en la causa Vialidad. El equipo jurídico, encabezado por Carlos Beraldi junto a abogados internacionales, presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una auditoría económico-financiera para sostener que la exmandataria “fue mal condenada”.

El informe se fundamentó en una planilla aportada bajo juramento en la causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal N° 7. La auditoría, encomendada a especialistas de la consultora brasileña Specs, analizó los fondos de la Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2008 y 2015, período en el cual se financiaron 367 obras a 114 constructoras por un total de 2.200 millones de dólares.

De acuerdo a la presentación, solo 17 proyectos correspondieron a empresas vinculadas a Lázaro Báez, las cuales percibieron 18,66 millones de dólares, lo que representa el 0,85% del total desembolsado en ese lapso. El estudio añadió que la participación del Grupo Austral descendió progresivamente hasta llegar al 0% entre 2012 y 2015, ubicando a firmas como IECSA (16,36%), JCR y Benito Roggio al frente del ranking de adjudicaciones. Con estos datos, la defensa argumentó que no existió una estructura direccionada en favor de Báez.

Ante el organismo internacional, los letrados solicitaron tres medidas cautelares concretas: suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que la expresidenta cumple en su departamento de Constitución (bajo la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta) y recomponer los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las definiciones preliminares del Comité de la ONU podrían conocerse en los próximos meses, de cara a sus sesiones fijadas entre octubre y noviembre.