La ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi, analizó en diálogo con La Tribuna por Radio del Mar la puesta en marcha del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y advirtió que la provincia deberá adaptar y monitorear sus dispositivos ante la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.

Banfi explicó que la nueva normativa modifica sustancialmente el escenario vigente hasta ahora. Según detalló, la Ley 27.801 establece que las personas adolescentes serán punibles desde los 14 hasta los 18 años y amplía además el catálogo de delitos por los que pueden ser imputadas.

“Hoy baja la edad y se abre el catálogo penal”, resumió la ministra, al marcar la diferencia con el régimen anterior, que contemplaba a jóvenes de 16 y 17 años y únicamente frente a determinados delitos considerados graves.

Sin embargo, aclaró que Chubut no adhiere al aspecto procesal de la nueva legislación, ya que cuenta con su propio Código Procesal Penal, que contempla desde hace años un tratamiento específico para adolescentes dentro del sistema acusatorio.

Un desafío para todo el sistema

Para Banfi, uno de los principales desafíos estará en la coordinación entre los distintos organismos que deberán intervenir. En ese sentido, adelantó que se mantendrán reuniones entre el Superior Tribunal de Justicia, los ministerios públicos, Seguridad y Justicia y Familia para definir cómo se implementarán los distintos dispositivos.

“Tenemos que trabajar con la finalidad de que este régimen de responsabilidad penal juvenil se lleve adelante bajo todas las garantías que tienen los jóvenes”, sostuvo.

La ministra remarcó que Chubut históricamente ha tenido una población penal juvenil reducida. Recordó que la cantidad de adolescentes alojados en los Centros de Orientación Socioeducativa (COSE) nunca fue elevada y que el número máximo registrado en la provincia habría rondado los nueve jóvenes.

No obstante, señaló que incluso un solo adolescente requiere la puesta en marcha de todo un dispositivo institucional.

Qué ocurrirá con los adolescentes de 14 y 15 años

La incorporación de esa franja etaria representa, según Banfi, uno de los principales puntos a monitorear, ya que hasta ahora la provincia no había tenido adolescentes de 14 y 15 años alcanzados por la ley penal.

Ante un eventual hecho grave, explicó que se aplicaría el Código Procesal Penal de Chubut: el adolescente debería ser llevado ante un juez de garantías, mientras que el Ministerio Público Fiscal formularía la imputación y solicitaría las medidas correspondientes.

En caso de disponerse una privación de libertad, los adolescentes podrían ser alojados en los COSE de Trelew o Esquel, establecimientos especializados que actualmente reciben a jóvenes de 16 y 17 años.

Banfi remarcó que no todos los casos serán iguales y que será necesario analizar las circunstancias particulares de cada adolescente, su contexto familiar y las condiciones sociales que atraviesa.

Adicciones y contexto social, entre las preocupaciones

Durante la entrevista, la ministra también puso el foco en los consumos problemáticos y las situaciones familiares complejas que atraviesan algunos jóvenes.

“Hay chicos que uno sabe que son más maduros que otros” y otros que se encuentran afectados por situaciones particularmente complejas, señaló. También mencionó la denominada “cultura de la pertenencia” y la influencia que pueden ejercer determinados grupos de pares.

En ese sentido, consideró fundamental que los dispositivos destinados a adolescentes no se limiten a una respuesta estrictamente penal, sino que contemplen también cuestiones vinculadas con las adicciones, la familia y el acompañamiento socioeducativo.

El desafío del seguimiento

Otro de los puntos centrales será determinar con qué recursos contará la provincia para realizar el seguimiento de los adolescentes durante y después del proceso penal.

Banfi señaló que Chubut cuenta con jueces de garantías, jueces de ejecución, delegados de control y un área de ejecución penal, pero reconoció que será necesario conformar un equipo específico que permita monitorear la aplicación del nuevo régimen.

“Ahora tenemos que entrar a conformar un equipo para que monitoree esta situación. Nunca hemos tenido chicos de 14 ni de 15”, explicó.

Para la ministra, los principales desafíos estarán concentrados en dos momentos: la puerta de ingreso al sistema, cuando el adolescente es detenido y llevado ante el juez, y la salida, vinculada al seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso.

La situación de las adolescentes

Banfi también planteó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la implementación del régimen. Recordó que actualmente los COSE alojan únicamente a varones y advirtió que la provincia deberá prever qué sucederá si adolescentes mujeres quedan alcanzadas por la nueva normativa.

“Tenemos chicas que también están vinculadas en la ley penal y ahí sí estamos un poco más complicados con el tema de las mujeres”, sostuvo.

En este sentido, consideró fundamental observar las estadísticas que surjan a partir de la entrada en vigencia del régimen para determinar qué dispositivos serán necesarios.

“Tenemos que estar a la altura de una ley que ya está en vigencia”

Consultada sobre cuánto tiempo podría demandar la adaptación del sistema, Banfi expresó confianza en el Código Procesal Penal de Chubut, al que definió como “un código de avanzada”.

La ministra sostuvo que la provincia tiene experiencia en el abordaje penal de jóvenes de 16 y 17 años y que cuenta con un marco de garantías que regula los tiempos y las condiciones de privación de libertad.

“No podemos decir que no vamos a responder en esto, tenemos que estar a la altura de una ley que ya está en vigencia”, afirmó.

Finalmente, sobre el primer caso que trascendió en Comodoro Rivadavia tras la entrada en vigencia del nuevo régimen, Banfi aclaró que el Superior Tribunal no realiza un seguimiento directo de los casos particulares mientras no lleguen eventualmente a esa instancia.

También señaló que hacia adelante podrían abrirse nuevos debates, entre ellos la posibilidad de implementar juicios por jurados para adolescentes, siempre preservando sus derechos, garantías e identidad.

La ministra cerró destacando la importancia de llevar tranquilidad a las familias y las escuelas y aseguró que, cuando deba intervenir el sistema penal, deberá hacerlo “con todas las garantías como debe ser, como corresponde”.