La Cámara Federal porteña resolvió que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, tramite en los tribunales de Comodoro Py y quede formalmente radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo. La pesquisa se centra en su desempeño dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ente tripartito encargado de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El expediente se originó a partir de una presentación efectuada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven, quien mantiene diversos litigios con la conducción de la casa madre del fútbol. La denuncia sostiene que entre 2017 y 2024 Tapia experimentó un crecimiento real de liquidez estimado en un 1.000%, cifra que, según el denunciante, sobrepasa cualquier pauta inflacionaria del período y no guardaría correlato con los ingresos declarados por sus actividades lícitas.
En base a la documentación incorporada al expediente, en 2017 el dirigente declaró cuatro propiedades por una valuación fiscal de $17 millones, un rodado y $1,5 millones en efectivo. En contraste, la presentación patrimonial de 2024 consigna depósitos bancarios por más de $1.002 millones, más de $39 millones en billete y 246.206 dólares en cajas de ahorro oficiales, configurando una liquidez global cercana al millón de dólares. A su vez, la declaración reporta ingresos anuales por $100.233.144 como titular del CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL, teniendo en cuenta que la presidencia de AFA es de carácter ad honorem.
Tapia forma parte de la conducción del CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente durante la administración porteña de Mauricio Macri, y asumió la presidencia de la entidad en 2024 por decisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Con la definición de competencia zanjada entre los tribunales de la Ciudad y el fuero federal, la causa entra en su etapa preliminar ante el juez Lijo, a la espera de la ordenación de las primeras medidas probatorias.
