La Justicia Federal detuvo este martes la decisión del Gobierno de avanzar con el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lo que en los hechos implicaba despidos encubiertos. La resolución fue tomada por la jueza Martina Frons, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de San Martín, tras un planteo realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La medida cautelar también estableció una sanción económica en caso de incumplimiento. “Corresponde intimar al inmediato cumplimiento de la misma, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias de pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000) diarios a favor del titular del derecho”, señala el fallo judicial.
El “pase a disponibilidad” es una figura administrativa que deja al trabajador en una situación de inestabilidad laboral: puede permanecer en ese estado por hasta 12 meses, percibiendo solo el 50% de su salario, a la espera de ser reubicado en otra dependencia estatal o quedar finalmente despedido.
El delegado de ATE en el INTA, Sebastián Fajardo, explicó que a pesar de contar con una medida judicial previa, el Ejecutivo insistió con aplicar la disposición. “Estoy en el pase a disponibilidad. Sucede que a pesar de tener una cautelar a nivel judicial favorable a nosotros, salió la semana pasada. Y con haber el jueves logrado la sanción definitiva de rechazo al decreto que presentó el Presidente el 8 de julio, el último día de facultades delegadas”, señaló en declaraciones radiales.
El decreto en cuestión habilitaba al Ejecutivo a avanzar con este tipo de medidas y había sido rechazado recientemente por ambas cámaras del Congreso. La Justicia, en esta oportunidad, respaldó el reclamo de los trabajadores y frenó el avance de la política de reducción de personal en el organismo científico.
