La quiebra e intervención de Ueno Bank S.A. desató una crisis institucional de máxima gravedad en Paraguay. La oposición parlamentaria, acompañada por legisladores disidentes del propio Partido Colorado, formalizó la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, a quien responsabilizan por presunto mal desempeño de sus funciones y severos conflictos de intereses vinculados a sus lazos con el conglomerado propietario de la entidad caída.

La acusación legislativa hace foco en el pasado del mandatario como accionista del Grupo Vázquez antes de asumir la presidencia y en la designación de autoridades de control, entre ellas la de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), funcionario que venía de presidir el banco privado y cuya dimisión fue solicitada de inmediato tras el descalabro.

Pagar garantías no frenó la furia en las calles

En paralelo a la presentación en el Congreso, el BCP comunicó la activación del cronograma del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para el primer grupo de ahorristas afectados, habilitando reintegros para cuentas con saldos de hasta 10.000.000 de guaraníes que no registren deudas pendientes.

Sin embargo, el anuncio no logró calmar el malestar de la población. Miles de personas, incluyendo jubilados y clientes con saldos superiores o fondos corporativos paralizados, se movilizaron en el microcentro de Asunción hacia la sede legislativa y el Panteón Nacional de los Héroes, donde se registraron forcejeos y represión policial con gases lacrimógenos. Al reclamo popular se suma la investigación judicial que ya derivó en la orden de captura e imputación de ocho altos ejecutivos de la firma por presunta lesión de confianza y delitos económicos.