La Procuración General de la Provincia del Chubut emitió un enérgico comunicado institucional en el que manifestó su profunda preocupación por una serie de graves episodios que tomaron estado público en las últimas horas. El conflicto se desató en torno a la investigación penal que se lleva adelante en la ciudad de Esquel, denominada mediáticamente como “Caso Aonikenk”, y salpica la normal actividad del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la cordillera.

El documento de la Procuración se fundamenta en las recientes declaraciones de la fiscal jefe de Esquel, la Dra. María Bottini, quien denunció de forma pública la existencia de presuntos hostigamientos, presiones sistemáticas e intentos de interferencia directa contra su labor constitucional. De acuerdo con lo expresado por la conducción del MPF, las maniobras de amedrentamiento también alcanzaron a la procuradora de fiscalía, la Dra. Cecilia Bagnato, derivando en ataques de índole estrictamente personal que buscarían incidir de manera directa sobre la causa judicial que ambas funcionarias tienen bajo su responsabilidad.

La alarma de las autoridades judiciales se encendió tras la trascendencia pública de un registro de audio. Para la Procuración General, los dichos que se desprenden de ese material podrían revelar de forma explícita la ejecución de conductas orientadas a desalentar, condicionar o limitar el normal desarrollo de la pesquisa. Al respecto, el organismo advirtió de manera tajante que, de corroborarse judicialmente estas acciones, se estaría ante una “inadmisible injerencia” contra la independencia y la autonomía funcional que la Constitución y las leyes provinciales garantizan a los fiscales.

“Ningún fiscal debería ver condicionada su actuación por intereses ajenos al proceso judicial ni por presiones de naturaleza política, institucional, económica o de cualquier otra índole”, remarcó el comunicado elaborado por el Área de Comunicación del MPF. En el tramo final del texto, la cúpula judicial brindó su “irrestricto acompañamiento y respaldo institucional” a las funcionarias afectadas y reafirmó que el organismo arbitrará todas las medidas y acciones legales pertinentes para resguardar la división de poderes, el sistema republicano y el libre ejercicio de la justicia frente a cualquier tipo de influencia externa.