El Gobierno nacional oficializó a través del Boletín Oficial un programa excepcional de regularización de armas de fuego que se encuentren sin registrar o con documentación irregular en todo el territorio del país. La medida establece un plazo perentorio de 360 días para que los ciudadanos puedan normalizar la situación de sus bienes sin afrontar sanciones penales ni administrativas, siempre y cuando no existan causas judiciales previas sobre las piezas.

El trámite, diseñado bajo un esquema de digitalización integral, apunta a incorporar al circuito legal miles de unidades que hoy se encuentran en la informalidad.

El referente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en Comodoro Rivadavia, Walter Navarro, en dialogo con Nuestras Mañanas en Radio del Mar explicó que la normativa atiende una demanda histórica vinculada al armamento familiar. “Trabajamos en esto el último año porque quedaba pendiente regularizar las armas de herencia o de familiares fallecidos, que muchas veces no tienen un valor económico alto pero sí un fuerte valor emocional”, detalló el funcionario.

Navarro diferenció esta ventana de regularización de los planes de entrega voluntaria, aclarando que el desarme bajo modalidad anónima y con incentivo económico continuará vigente hasta diciembre del año 2027.

La implementación del trámite no modificará los estándares de seguridad exigidos por el Estado para ser legítimo usuario en la Argentina, manteniendo restricciones absolutas para quienes posean antecedentes penales. Los solicitantes deberán cumplir de manera obligatoria con un examen médico, un apto psicológico y un curso de idoneidad en el manejo de armas dictado por instructores habilitados. “En Comodoro contamos con tres centros autorizados para realizar este adiestramiento técnico y legal que puede demandar entre uno y cuatro días de instrucción”, puntualizó el titular del organismo.

Una de las modificaciones operativas más sustanciales introducidas recientemente por la agencia radica en la quita del requisito que obligaba a demostrar un medio de vida lícito.

El presidente del Tiro Federal, argumentó que esta exigencia representaba una barrera burocrática excluyente en el contexto económico actual del país. Con el nuevo esquema digitalizado, los poseedores deberán aportar fotografías específicas de la pieza, el marcaje de los cuños, los números de serie visibles y una medición testigo del largo del cañón con un metro de referencia para validar la incorporación de la unidad al padrón oficial.

Armas en el mercado negro

Finalmente, el referente de la ANMaC analizó las vías de abastecimiento del mercado negro y descartó que los robos a legítimos usuarios civiles locales representen el grueso del circulante ilegal en la región chubutense. Al respecto, Navarro apuntó directo contra las fallas de custodia institucionales dentro de los propios organismos estatales. “A nivel nacional, el mayor proveedor de armas al mercado negro terminan siendo las propias fuerzas de seguridad, a quienes les quitan el armamento en hechos de violencia o mediante robos a depósitos oficiales en grandes jurisdicciones”, concluyó.