La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció tras sufrir una brutal golpiza, sumó en las últimas horas nuevos elementos que podrían cambiar la reconstrucción del caso y complicar la situación judicial de su madre.

El fiscal Cristian Olazábal confirmó que la Justicia no descarta que Mariela Altamirano haya sido la autora directa de las lesiones que provocaron la muerte del menor. Hasta el momento, la principal sospecha recaía sobre el padrastro, mientras que la mujer era investigada por omisión.

Uno de los avances más relevantes se produjo esta semana con el inicio de las pericias sobre evidencia digital. Los investigadores comenzaron la extracción y análisis de datos de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales en el hecho.

“El fin de semana vamos a analizar qué surge de esas comunicaciones; creo que puede haber variaciones en el caso“, indicó el funcionario judicial en declaraciones a medios nacionales.

Según explicó Olazábal, el análisis del contenido de los dispositivos es considerado una pieza clave para definir la autoría del crimen y podría derivar en cambios concretos en las imputaciones actuales.

Además, la fiscalía incorporó testimonios que refieren antecedentes de conductas violentas por parte de la madre hacia otro de sus hijos. Estos indicios son evaluados por los investigadores como posibles elementos que permitirían inferir una participación más activa en la agresión fatal.

Ante la ausencia de testigos directos del momento del ataque, la causa se construye a partir de inferencias basadas en pruebas objetivas. “No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o que pueda ser de mayor intensidad el hecho que estamos investigando”, señaló el fiscal.

En paralelo, el informe preliminar de la autopsia reveló que el niño presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza, las cuales fueron señaladas como la causa directa de la muerte.

Actualmente, tanto la madre como su pareja permanecen detenidos bajo prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras la Justicia continúa tomando declaraciones para reconstruir el contexto familiar en el que ocurrió el hecho.

“Hay que ver la historia completa; no nos podemos quedar solo con este capítulo”, concluyó Olazábal.

Fuente: TN