La investigación por el brutal ataque cometido el pasado 11 de noviembre en un departamento de la avenida Rivadavia dio un giro este sábado, luego de que un tribunal revisor resolviera revocar la libertad de los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo y les dictara 60 días de prisión preventiva.
La decisión fue adoptada en horas de la mañana durante una audiencia semipresencial celebrada ante dos jueces de Esquel —Jorge Criado y Ricardo Rolon—, tras el recurso de impugnación presentado por el representante de la fiscalía, Franco Tavano, quien cuestionó duramente el fallo inicial de la jueza penal Lilian Borquez.
Las razones detrás de los 60 días de preventiva
Al fundamentar la imposición de la medida de coerción por el plazo de dos meses, el tribunal revisor puso el foco en dos ejes centrales: la gravedad intrínseca del hecho investigado y la alta expectativa de pena que recae sobre los imputados ante la calificación legal propuesta por la fiscalía de secuestro coactivo.
Los magistrados sostuvieron que, para resolver sobre la libertad o la prisión preventiva, resulta ineludible ponderar las características violentas con las que se perpetró el ataque —donde la víctima fue maniatada, golpeada con un trozo de madera, agredida con un cuchillo, amenazada de asfixia con una bolsa y sufrió fractura en un brazo— y el reproche punitivo que proyecta el proceso judicial en curso. Bajo estos parámetros, consideraron que existían riesgos procesales incompatibles con la medida morigerada dictada en primera instancia.
Duro revés a la jueza de garantías y defensa de las facultades fiscales
Asimismo, el tribunal revisor cuestionó con firmeza la resolución de la jueza Borquez, quien en la audiencia de control había autorizado la apertura de la investigación pero modificado unilateralmente la calificación legal a “privación ilegítima de la libertad” y rechazado la preventiva.
Para los jueces de revisión, la magistrada asumió una “competencia irregular” al inmiscuirse en facultades que la Constitución de la provincia reserva exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. “Entre las funciones de la fiscalía está la de investigar y la carga de la prueba. El juez no tiene esas funciones; el único autorizado a pedir una imputación es el fiscal”, remarcaron los magistrados, sentenciando que la descripción fáctica encuadra sin margen de duda en la figura de secuestro coactivo.
De esta manera, con la intervención de la defensa particular ejercida por Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo desestimada en su pretensión de confirmar el fallo original, los hermanos Scarparo cumplirán los 60 días de prisión preventiva mientras avanza el plazo de investigación preparatoria.
