La Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de la mujer investigada como autora del homicidio de su pareja en Tecka, pese al pedido de la defensa particular que buscaba su liberación inmediata o, subsidiariamente, el arresto domiciliario.

La medida continuará vigente hasta el próximo 28 de mayo, fecha en la que se realizará una nueva audiencia para analizar si resulta necesario sostener la detención o aplicar una medida menos gravosa.

Durante la audiencia, el fiscal Fidel González y el funcionario de Fiscalía Julián Forti defendieron la continuidad de la prisión preventiva argumentando avances en la investigación y la existencia de riesgos procesales.

Por su parte, la defensa sostuvo que la imputada posee un fuerte arraigo en la comunidad, donde trabajó durante 21 años en un hospital rural, y remarcó que no existirían riesgos de fuga ni de entorpecimiento tras haberse realizado la Cámara Gesell de un menor involucrado. Además, el defensor planteó que la mujer atravesaba un contexto de violencia de género crónica y afirmó que la prisión preventiva profundiza una situación de revictimización institucional. También señaló que el encarcelamiento dejó sin ingresos al grupo familiar.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal insistieron en que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por tratarse de una comunidad pequeña donde existen vínculos estrechos entre vecinos y testigos.

La Fiscalía también destacó la gravedad del hecho investigado, encuadrado como homicidio agravado por el vínculo, delito que contempla prisión perpetua.

Entre los elementos expuestos por los acusadores, se mencionaron testimonios que describieron episodios previos de violencia atribuidos a la imputada, incluyendo amenazas con un cuchillo y daños en su vivienda durante episodios de furia. Además, señalaron que luego del crimen la mujer habría enviado a su hijo una fotografía del cuerpo sin vida de la víctima, situación que la Fiscalía consideró relevante para evaluar su comportamiento posterior al hecho.

La magistrada también descartó riesgo de fuga, aunque aclaró que la situación económica derivada de la detención deberá resolverse por vías administrativas y no modifica los riesgos procesales de la investigación penal.