La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió mantener por seis meses la prisión preventiva de V. C. L. quien cumple una condena de ocho años por un caso de abuso sexual agravado por el vínculo. La medida también se extenderá hasta que la sentencia quede firme, si eso ocurre antes.
La decisión se adoptó este viernes al mediodía durante una audiencia de control de la prisión preventiva. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó mantener la medida al considerar que no cambiaron las circunstancias que habían fundamentado su dictado y que continúa vigente el riesgo de fuga.
Por otro lado, la defensa informó que presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que todavía no recibió una respuesta. No se opuso al pedido realizado por la Fiscalía.
Finalmente, el tribunal de control hizo lugar a la solicitud y resolvió mantener la prisión preventiva por el plazo establecido.
La audiencia estuvo a cargo de las juezas Daniela Arcuri y Raquel Tassello. Por el Ministerio Público Fiscal intervino Lorena Garate, mientras que la defensa estuvo a cargo de la defensora pública María de los Ángeles Garro.
Los antecedentes de la causa
En marzo de 2024, un Tribunal Colegiado de Comodoro Rivadavia condenó al involucrado a ocho años de prisión, accesorias legales y costas, al considerarlos autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual agravado por el vínculo. Además, estableció la realización de un tratamiento psicológico durante la ejecución de la pena.
La Cámara en lo Penal confirmó posteriormente la sentencia. Ante esa decisión, la defensa presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, que fue declarada inadmisible.
Más tarde, el máximo tribunal provincial también rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa. Según se informó durante la audiencia, actualmente se encuentra pendiente de resolución una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación del caso y la intervención ante la Cámara en lo Penal estuvieron a cargo de la fiscal general María Laura Blanco, mientras que el debate oral fue sostenido por el fiscal Martín Cárcamo.
