Con el propósito de optimizar los protocolos de actuación y prevención ante situaciones críticas, el Ministerio Público Fiscal de Chubut impulsa una capacitación federal e internacional centrada en el abordaje de incidentes armados en establecimientos educativos y la articulación con el Régimen Penal Juvenil.

En diálogo con Nadia Casarza y Raúl Figueroa en Actualidad 2.0, el procurador general adjunto de la provincia, Dr. Matías Froment, explicó los objetivos centrales de esta iniciativa orientada a fiscales, defensores y asesores generales: “La idea es mejorar la respuesta ante incidentes armados en escuelas con participación de menores. La problemática exige prepararnos antes de que ocurra una crisis: comprender señales en entornos digitales, evaluar cada situación con seriedad y distinguir una expresión extrema de una amenaza concreta o de una preparación para actuar”.

En este sentido, el funcionario remarcó que las jornadas —previstas para desarrollarse entre el 4 y el 11 de noviembre— no responden a una alerta inminente en Chubut, sino a la necesidad de anticipación preventiva frente a sucesos registrados en otras provincias y a antecedentes de falsas alarmas que circularon previamente en redes sociales.

Convenio con Educación y piezas audiovisuales formativas

Uno de los ejes clave de la estrategia preventiva es el trabajo conjunto con la cartera educativa provincial. “A partir de un convenio firmado con el ministro José Luis Punta, estamos diseñando piezas audiovisuales. El objetivo es bajar los contenidos a formatos de video para capacitar a los delegados y referentes de los colegios (los PODS) y que ellos luego formen no solo a los alumnos, sino también a los docentes”, señaló Froment.

Asimismo, destacó que las capacitaciones presenciales continúan activas en diversas localidades como Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, contando también con disertantes del ámbito judicial local como Andrea Vázquez, fiscal jefa de Sarmiento.

El impacto de la baja de imputabilidad y el análisis caso a caso

Consultado sobre la vigencia del marco normativo nacional y las reformas que amplían delitos y bajan la edad de imputabilidad en la franja de 14 a 18 años, Froment enfatizó la necesidad de mantener el criterio de proporcionalidad y reinserción social:

“Hay que analizar caso por caso. No dejan de ser niños, niñas y adolescentes. La intervención judicial y penal debe respetar sus garantías y orientarse siempre a la reintegración social. No se trata de aplicar sanciones automáticas; existen medidas alternativas. El Código Procesal Penal de Chubut dedica un libro exclusivo a las reglas especiales para menores, y esa estructura es la que debe articularse armónicamente con las nuevas disposiciones nacionales”.