En un mensaje transmitido este jueves por cadena nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei presentó un paquete de iniciativas legislativas que enviará al Congreso de la Nación. El eje del anuncio fue el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), medida que el Ejecutivo definió como central para erradicar la emisión destinada a financiar el gasto público.
Durante su alocución, en la que estuvo flanqueado por el gabinete y el equipo económico, el mandatario justificó las medidas en la necesidad de terminar con la inflación y asegurar la estabilidad monetaria a largo plazo. Asimismo, realizó un repaso crítico sobre el rol histórico del organismo emisor y de gestiones anteriores.
Los ejes del proyecto para el Banco Central
La propuesta de modificación de la Carta Orgánica establece los siguientes puntos clave:
- Objetivo institucional: Fija como función primordial y exclusiva de la entidad la preservación del valor de la moneda.
- Prohibición de asistencia financiera: Restringe al BCRA de emitir para financiar al Tesoro Nacional, provincias o municipios, prohibiendo además la compra de títulos públicos en el mercado primario.
- Autonomía y remoción de autoridades: Para remover al presidente o integrantes del directorio se requerirá la aprobación de dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
- Manejo de reservas y utilidades: Limita el giro de utilidades contables no realizadas y dispone el fin de los instrumentos de deuda conocidos como letras intransferibles.
La regla de “Grillete Fiscal” y nuevos marcos normativos
En forma complementaria, el Ejecutivo incluirá el proyecto de ley denominado “Grillete Fiscal”, diseñado para prohibir la aprobación de presupuestos con déficit. De acuerdo con el texto expuesto, en caso de registrarse saldos negativos continuos y no ser corregidos por el Poder Legislativo, se activaría un procedimiento automático de interrupción de gastos no esenciales (shutdown), el cual suspendería el pago de salarios de las altas autoridades de los tres poderes de la Nación. Quedarán exceptuados de esta restricción los servicios de salud, seguridad, defensa, jubilaciones y prestaciones sociales.
Finalmente, el paquete remitido al Congreso integrará proyectos para desregular el mercado de capitales —habilitando la emisión de instrumentos en moneda extranjera u otras unidades de medida— y simplificar la oferta de productos dentro del mercado de seguros.
