Durante su discurso en el Consejo de las Américas, el presidente Javier Milei generó una fuerte repercusión al vincular de manera directa la caída en la tasa de natalidad del país con la sanción de la ley de aborto legal y advertir sobre su impacto negativo en el crecimiento económico y en la sostenibilidad del sistema previsional. “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes” y “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas por demógrafos, sociólogos y especialistas en salud pública de instituciones como el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el CONICET, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) describen un panorama mucho más amplio, multicausal y de carácter estructural.

De acuerdo con los relevamientos de estos organismos, el elemento de mayor peso cuantitativo en el retroceso de los nacimientos en la última década ha sido el desplome del embarazo no intencional en la adolescencia. Entre 2014 y 2022, la tasa de fecundidad adolescente se redujo en más de un 50% en el país, un cambio que los especialistas atribuyen a la masificación de métodos anticonceptivos de larga duración (en especial el implante subdérmico distribuido en el sistema público), la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y el fortalecimiento de las consejerías de salud sexual.

A este factor se suman profundas transformaciones sociales y laborales. Las estadísticas demográficas marcan un corrimiento en la edad reproductiva: una mayor inserción educativa y profesional de las mujeres derivó en que la decisión de tener el primer hijo se postergue hacia los 30 años o más, lo que acorta la ventana fértil promedio. En paralelo, los cambios culturales redefinieron los modelos de familia, donde la maternidad dejó de considerarse un mandato social ineludible.

El aspecto socioeconómico también juega un rol preponderante en los análisis. La prolongada inestabilidad económica, la precarización laboral juvenil, las dificultades en el acceso a la vivienda y el elevado costo de la canasta de crianza funcionan como un freno material concreto al momento de proyectar o ampliar una familia. A esto se añade el déficit en la infraestructura de cuidados y la escasez de vacantes en guarderías públicas de primera infancia, lo que sobrecarga a los hogares.

Los registros oficiales reflejan que la tasa de fecundidad en Argentina ya había perforado el nivel de reemplazo poblacional (fijado en 2,1 hijos por mujer) antes de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020. Aunque la normativa incide en evitar nacimientos no deseados, la evidencia científica coincide en que la tendencia a la baja era previa y obedece a un proceso de transición demográfica consolidado que atraviesan la mayoría de los países de medianos y altos ingresos.