El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió al cruce de la medida dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación que reglamenta el cobro de la atención médica no urgente a extranjeros no residentes en hospitales nacionales.

El funcionario provincial afirmó que la decisión responde a una estrategia de comunicación política para desviar la atención de los recortes de partidas. “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”, enfatizó.

El titular de la cartera sanitaria bonaerense situó el origen de la crisis de los centros de salud de la provincia en el recorte presupuestario de la administración central. “La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”, sostuvo Kreplak. En esa línea, precisó que actualmente el 53% de las camas de los hospitales públicos provinciales se encuentran ocupadas por personas con obra social o medicina prepaga, un valor que antes de la actual gestión nacional no superaba el 40%.

Respecto a la participación real de los pacientes no residentes en la red médica bonaerense, Kreplak desestimó el impacto financiero de este sector y compartió cifras operativas de los hospitales provinciales. “En la provincia de Buenos Aires el 0,4% de las guardias y el 0,5% de las internaciones corresponde a extranjeros no residentes”, puntualizó el funcionario, quien añadió que en las provincias fronterizas este índice nunca excede el 2%.

El ministro analizó las limitaciones técnicas que presenta la normativa publicada en el Boletín Oficial, al indicar que la excepción explícita de la atención médica en situaciones de urgencia vacía de contenido el objetivo recaudatorio del Gobierno nacional. “La resolución exceptúa urgencias y patologías graves, por lo que el alcance real del cobro es acotado y no modifica el peso sobre el sistema de salud pública”, evaluó el integrante del gabinete de Axel Kicillof.

Por último, remarcó que las personas registradas como residentes permanentes en la Argentina mantienen su derecho de acceso pleno y gratuito al sistema público en igualdad de condiciones de acuerdo a su acreditación con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Kreplak concluyó que la medida representa un “argumento de distracción” en el marco de la reducción generalizada de financiamiento a los programas de salud provincial.