La representante del Ministerio Público Fiscal, Luciana Coppini, solicitó formalmente al tribunal una condena de 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que el efectivo fuera declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género.

Al momento de fundamentar la pretensión punitiva, la fiscalía expuso una serie de agravantes centrales vinculadas al contexto institucional en el que se desarrolló el ataque. Se remarcó que el delito ocurrió dentro del sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento y de manera pública frente a otros efectivos, donde la víctima fue expuesta a una humillación directa por parte de un superior que, tras el hecho, intentó en reiteradas oportunidades evitar que la mujer concretara la denuncia formal.

Por su parte, la defensa técnica del imputado, ejercida por el abogado Enrique Paredes, rechazó los argumentos de la acusación y solicitó que se le aplique al policía el mínimo legal de la escala penal correspondiente a esta calificación. Asimismo, la representación del acusado solicitó que el magistrado desestime el pedido de inhabilitación especial perpetua formulado por el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo la hipótesis de que se trató de un episodio malinterpretado en el marco laboral.

Junto a la pena condicional, la acusación requirió el dictado de reglas de conducta obligatorias por el término de tres años. La medida incluye la prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier vía, la realización obligatoria de capacitaciones sobre violencia de género y el sometimiento a evaluaciones profesionales con el objetivo de determinar si el funcionario policial requiere tratamiento psicológico específico.

El hecho investigado por las funcionarias Luciana Coppini y Tamara Bernardi ocurrió en abril de 2025 en las instalaciones de la dependencia policial ubicada en la intersección de Avenida San Martín y Avenida Ingeniero Coronel. Tras escuchar las exposiciones de las partes, el juez Alejandro Rosales anunció que resolverá la controversia el próximo 16 de septiembre, fecha en la que dará a conocer el fallo integral sobre el monto de la pena que deberá cumplir el acusado.