“Es un delito a puertas cerradas, generalmente ocurre en la intimidad de un hogar”, explicó el letrado, quien remarcó que el miedo, las amenazas y la confianza depositada en los adultos pueden dificultar que los niños revelen lo sucedido. En ese sentido, consideró que la escuela cumple un papel fundamental para detectar situaciones de riesgo y acercar herramientas de protección.
Serdeiro sostuvo que la prevención requiere un abordaje integral y no solamente respuestas desde el ámbito penal. Planteó la necesidad de contar con más recursos, capacitaciones para docentes y personal de las instituciones, además de información clara para que cualquier persona que tome conocimiento de un posible abuso sepa cómo actuar y dónde acudir.
Respecto de las estadísticas, señaló que en Chubut se observa un crecimiento de las denuncias entre 2024 y 2025, aunque consideró necesario realizar un relevamiento exhaustivo que permita conocer con mayor precisión la dimensión del problema. También advirtió que no todos los hechos llegan a juicio y que la intervención estatal se dificulta cuando las situaciones ocurren dentro del hogar y no son denunciadas.
“Es un delito a puertas cerradas, generalmente ocurre en la intimidad de un hogar. Las estadísticas revelan que la mayor cantidad de casos se da en un marco de de violencia familiar o intrafamiliar, como se dice y esos casos son difíciles de abordar porque poder entrar con con el estado a lo que es la intimidad de un hogar es muy difícil si nadie lo denuncia” explicó Serdeiro ante Del Mar Digital.
El abogado hizo hincapié en la importancia de actuar con responsabilidad ante una revelación. Indicó que es necesario preservar el relato de la víctima, garantizar su contención y evitar que el presunto agresor continúe compartiendo el mismo espacio. Al mismo tiempo, señaló que cada situación requiere un análisis particular y que las intervenciones deben contar con herramientas adecuadas para evitar errores que puedan profundizar los conflictos familiares.
Por otra parte, Serdeiro planteó interrogantes sobre los procedimientos judiciales cuando el presunto autor también es menor de edad. En particular, mencionó los desafíos que surgen a partir de la nueva Ley Penal Juvenil y la necesidad de compatibilizar la protección de las víctimas con las garantías constitucionales y convencionales que amparan a los adolescentes acusados.
“Particularmente yo estoy dando charlas con respecto a la ley penal juvenil y hace falta mucho también porque hay un adolescente de 14 años es punible y la pregunta es: ¿Esta doctrina que el relato de la víctima basta como plexo probatorio si es menor para llevar adelante? ¿Cómo coexiste con la nueva ley penal, si es un menor también el que procura o produce ese abuso” dijo.
“Hay un montón de factores que hay que llevar adelante. Creo que a veces la Justicia está un poco desbordada sobre esto”, expresó. Finalmente, insistió en que la información, la capacitación y los recursos deben estar a la altura de la problemática para fortalecer la prevención, acompañar a las víctimas y reducir los niveles de abuso.