El procedimiento tuvo origen el miércoles a las 21:30 horas, cuando efectivos policiales y fuerzas federales llevaban adelante un control vehicular en la intersección de la Avenida Kennedy y la calle Patricios. Durante la intervención, los agentes detectaron dentro del automóvil una bolsa que contenía cannabis, lo que motivó la inmediata participación del personal especializado de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

A partir de ese hallazgo, se solicitó autorización a la jueza federal Eva Parcio de Seleme, quien avaló y extendió la correspondiente orden de requisa exhaustiva para el rodado.

Un arma lista para disparar

La inspección detallada del vehículo derivó en el secuestro de elementos de suma gravedad. Entre ellos, el personal interviniente halló una pistola semiautomática marca Browning, calibre 9mm High Power, con 13 cartuchos a bala. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue la condición del arma: tenía un cartucho ya alojado en la recámara, circunstancia que permitía su utilización de manera inmediata, sin necesidad de realizar maniobras adicionales de carga. Uribe, por supuesto, no contaba con ningún tipo de acreditación legal para portarla.

Además del arma de guerra, en el procedimiento se incautaron tres teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y un llavero con la figura de Mickey Mouse que posee un juego de siete llaves, un objeto particular que los investigadores analizarán.

Los argumentos judiciales

Durante la audiencia, el funcionario fiscal Alan Larrue —en representación del fiscal a cargo de la causa, Martín Cárcamo— solicitó la prisión preventiva argumentando que existen peligros de fuga y de entorpecimiento, además de la gravedad del hecho. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que Uribe carece de domicilio fijo, ha sido imposible de ubicar en otras instancias y posee antecedentes penales, lo que implicaría que, de ser hallado responsable, la pena será de cumplimiento efectivo. Además, se remarcó el riesgo latente de que en libertad pueda influir sobre los testigos.

A su turno, el defensor público Alejandro Varas cuestionó la legalidad del procedimiento alegando que los controles deben ser generalizados y no individuales, oponiéndose a la apertura de la investigación por considerar que no había elementos suficientes para atribuirle la portación del arma a su asistido por el lugar en el que fue encontrada.

Finalmente, el juez Alejandro Soñis rechazó los planteos de la defensa y convalidó la detención, concluyendo que la requisa estuvo debidamente respaldada por la orden de la jueza federal. Al considerar que la fiscalía aportó evidencia suficiente y ante la vigencia de los peligros procesales, dictó la prisión preventiva por el término de cuatro meses, ordenando el alojamiento de Uribe en una dependencia de detención mientras se profundiza la pesquisa.