La concejal Luciana Ferreira presentó en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia un proyecto de ordenanza que propone declarar de utilidad pública terrenos pertenecientes a YPF, con el objetivo de destinarlos a una solución habitacional para las familias afectadas por la situación del Cerro Hermitte.
Según explicó la edil, la iniciativa busca que determinados bienes privados puedan pasar al dominio público para ser utilizados con un fin específico. En este caso, se trata de avanzar en una alternativa concreta para quienes deben relocalizarse debido al riesgo geológico en ese sector de la ciudad.
El proyecto apunta a tierras ubicadas en Km 3, detrás del Hospital Alvear, donde YPF había proyectado en su momento el desarrollo de un barrio. De acuerdo con Ferreira, estos terrenos cuentan con factibilidad técnica, no presentan riesgos geológicos y permitirían acceder a servicios básicos sin mayores costos.
“La declaración de utilidad pública debe determinar bienes específicos. La propuesta es sobre esas tierras que tienen factibilidad y están en una zona que permitiría avanzar rápidamente con servicios”, indicó en diálogo con Nuestras Mañanas por Radio del Mar.
La concejal explicó que, una vez declarada la utilidad pública, se abre la posibilidad de trabajar en conjunto con la empresa y utilizar herramientas legales que permitan que los inmuebles pasen al dominio público para su posterior urbanización.
En ese marco, señaló que el proyecto también busca prevenir una eventual venta privada de esos terrenos mientras se analiza su posible destino social.
Ferreira indicó que el acompañamiento del resto de los concejales será clave para avanzar con la iniciativa. “Entiendo que debería haber acompañamiento porque todos han evidenciado que están en la misma línea respecto a la necesidad de dar soluciones habitacionales”, sostuvo.
Asimismo, aclaró que si el Estado no logra un acuerdo con la empresa propietaria de las tierras, podría avanzarse en una instancia de expropiación. Para ello, sería necesario que el Estado provincial dicte una ley específica que habilite ese proceso.