Organizaciones proteccionistas y referentes del ámbito animal expresaron un fuerte rechazo a la faena y consumo de carne de burros y mulas en Chubut, luego de que se difundieran casos recientes que encendieron la preocupación en distintos sectores.

A través de un comunicado conjunto, la Coalición Federal de ONGs y Proteccionistas de Equinos advirtió sobre riesgos sanitarios, vacíos legales y cuestionamientos éticos vinculados a esta práctica. En el documento, sostuvieron que el consumo de carne de équidos representa “un retroceso humanitario” y denunciaron que se trata de una actividad que no cuenta con regulación adecuada en el país.

En ese sentido, remarcaron que los burros y mulas no están incluidos en los sistemas formales de producción destinados a la alimentación, lo que genera incertidumbre sobre el origen y las condiciones sanitarias de la carne.

Uno de los principales puntos planteados por las organizaciones es la falta de trazabilidad. Según explicaron, estos animales son considerados de trabajo, compañía o deporte, por lo que no existen protocolos que garanticen que no hayan sido tratados con sustancias prohibidas para el consumo humano, como ciertos antiinflamatorios, corticoides o antibióticos.

A esto se suma el riesgo sanitario derivado de faenas clandestinas o sin controles bromatológicos, lo que podría exponer a la población a enfermedades zoonóticas. “No es soberanía alimentaria, es falta de control sanitario”, señalaron en el comunicado.

Desde el plano legal, recordaron que la Ley Nacional 14.346 sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales, y advirtieron que este tipo de prácticas podría encuadrarse dentro de esas conductas. Además, destacaron el valor histórico de estos animales en el desarrollo rural y cuestionaron su utilización con fines alimentarios.

El documento también incorpora una mirada ética sobre la problemática. Las organizaciones sostienen que el acopio y transporte de estos animales suele realizarse en condiciones de maltrato, hacinamiento y abandono, lo que agrava la situación.

“No es cultura, es crueldad”, remarcaron, al tiempo que rechazaron que se intente justificar la práctica bajo argumentos tradicionales o económicos.

Finalmente, exigieron a las autoridades provinciales, áreas de bromatología y organismos de control una intervención urgente, con sanciones ejemplares para quienes participen en este tipo de actividades.