La mañana del pasado miércoles se realizó en el juzgado penal del barrio Roca la audiencia de control de detención y formalización por el delito de amenazas coactivas que tiene como imputado a Maximiliano Bellido.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se declare legal la detención del imputado, se formalice la investigación en su contra y se dicte la prisión preventiva. Por su parte, la defensa planteó la ilegalidad de la detención y se opuso al dictado de la medida preventiva.

Finalmente, la jueza penal Daniela Arcuri resolvió declarar legal la detención de Bellido, autorizó la apertura de la investigación del caso y dispuso su prisión preventiva por el término de un mes, tal como lo había solicitado la fiscalía.

Según la acusación provisoria, el hecho ocurrió el pasado 24 de marzo de 2026, alrededor de las 11:10 horas, cuando Bellido y otro sujeto aún no identificado se presentaron a bordo de una motocicleta en un domicilio ubicado sobre calle Código 2487. Allí consultaron por el hijo del propietario de la vivienda, quien mantenía una deuda con ellos.

Ante la respuesta de que la persona no se encontraba en el lugar, los sujetos habrían proferido amenazas contra el dueño de la casa, expresando: “Si no pagan los vamos a cagar a tiros y quemar la casa”, para luego retirarse del lugar.

Tras el llamado de la víctima a la policía, Bellido fue detenido a unas cinco cuadras del domicilio. El hecho fue calificado provisoriamente como amenazas coactivas en calidad de coautor.

La fiscalía solicitó además la prisión preventiva por el plazo de un mes, fundamentando el pedido en las características del hecho, los antecedentes del imputado, su falta de arraigo y su situación de libertad condicional, lo que —según indicó— representa un peligro de fuga.

Por su parte, la defensora Luciana Risso planteó la ilegalidad de la detención, señalando inconsistencias en el acta y un desfasaje horario, además de cuestionar la continuidad de la flagrancia. Si bien no se opuso a la apertura de la investigación, solicitó la libertad de su asistido al considerar que el proceso podía cautelarse con otras medidas.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Daniela Arcuri; el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la procuradora Gabriela Gómez, mientras que la defensa fue ejercida por la abogada adjunta de la Defensa Pública, Luciana Risso.