Diversas organizaciones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad convocaron a una jornada de protesta en todo el país este martes, en respuesta al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Entre las acciones previstas habrá un paro de prestadores, concentraciones en plazas y una movilización central desde el Congreso Nacional a las 11:30 horas. Las actividades fueron convocadas por el Foro Permanente Discapacidad, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), REDI y otros colectivos que integran la red de organizaciones del sector.

“El veto total no es austeridad: es abandono y exclusión”, advirtió el Foro Permanente Discapacidad, al tiempo que destacó: “El presidente está desoyendo una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoce la gravedad de la crisis que atraviesan miles de personas con discapacidad. Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.

Desde ATI se sumaron al reclamo con un mensaje contundente: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”.

Una ley vetada, múltiples consecuencias

La Ley de Emergencia en Discapacidad contemplaba dos ejes centrales. Por un lado, facilitar el acceso a pensiones para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, sin exigir una incapacidad total para trabajar.

Según REDI, “la nueva pensión sería compatible con el empleo formal, para quienes tengan ingresos de hasta dos salarios mínimos. No se trata de pensiones millonarias. Una pensión en la actualidad es de $217 mil mensuales”. Y subrayaron que “el impacto presupuestario es de apenas el 0,22% del PIB”.

El otro punto clave era un aumento extraordinario para los prestadores de servicios de rehabilitación, hogares y centros de día, que atraviesan una situación crítica. “Quienes prestan servicios reciben un arancel que deben pagar las obras sociales. Ese arancel lo fija el Directorio de Prestaciones Básicas, pero no existen fechas fijas de actualización”, explicaron desde REDI. El incremento buscaba recomponer ingresos perdidos desde 2024, con un costo fiscal estimado en solo el 0,03% del PIB.

Desde la organización alertaron: “La Emergencia en discapacidad es una necesidad que no puede esperar. Si el Congreso Nacional acepta el veto es por desconocimiento y falta de empatía hacia un segmento de la población de los más vulnerables, al que eligen darle la espalda”.