La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada marcada por la tensión, con gritos, acusaciones cruzadas y una sesión levantada por falta de quórum. El clima se volvió especialmente áspero durante el ingreso del diputado José Luis Espert, a quien desde Unión por la Patria acusaron de impulsar una persecución política tras su denuncia contra militantes kirchneristas.
En el recinto se intentaban tratar dos temas que preocupan al Gobierno nacional: la baja de retenciones al agro y las modificaciones a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, la discusión se desvió y el debate se interrumpió varias veces.
Uno de los momentos más conflictivos ocurrió entre las diputadas Paula Penacca (Unión por la Patria) y Juliana Santillán (La Libertad Avanza). Aunque el episodio no llegó a la violencia física, hubo insultos y un revuelo que obligó a suspender el debate por varios minutos.
Desde el oficialismo apuntaron contra los carteles que la oposición había desplegado en el recinto con pedidos de libertad para Cristina Fernández de Kirchner.
Finalmente, la diputada Nancy Viviana Picón Martínez pidió la suspensión definitiva de la sesión: “En virtud de que no hay quórum, yo voy a pedirle por favor que levantemos esta sesión porque evidentemente ha sido un mensaje tristísimo para la sociedad, creyendo que veníamos a trabajar por un tema, pero está claro que lo único que les interesan son los carteles”.
Antes de que se levantara la sesión, se aprobaron dos emplazamientos vinculados al aumento del presupuesto universitario y la situación del Hospital Garrahan.
El trasfondo: una denuncia que generó malestar
El foco del conflicto tuvo como origen la denuncia que realizó José Luis Espert contra Alesia Abaigar, una funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, acusada de haber arrojado excremento frente a su casa. Por ese hecho, Abaigar fue detenida y trasladada al penal de Ezeiza. Además, otras personas fueron detenidas y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos en oficinas de la Municipalidad de Quilmes y domicilios particulares.
La decisión judicial generó rechazo en el kirchnerismo. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, consideró la causa como un acto más de “persecución a la militancia política” y calificó a Espert de “cagón”.
Fuente: Página 12.
